Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 22 de julio del 2023
“Es hora de un acuerdo político entre los partidos de centro y derecha para aprobar bases del plan de gobierno que aplique el que llegue al poder y que ofrezca desde ahora un norte al país y una orientación al propio Congreso”.
Es asombrosa la capacidad de autoengaño de las izquierdas y la habilidad narrativa para transformar lo que a todas luces ha sido una derrota en una victoria. Para comenzar, hablan de 20 mil manifestantes en Lima, cuando ese número se refiere al país entero. En Lima no fueron más de 4.500 o 5.000, una cantidad ínfima, más aun considerando la alta desaprobación de Dina Boluarte y la más alta aún del Congreso, y la enorme dimensión de la demanda que aglutinó a todos: la salida de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones (que no es constitucional), y a casi todos, como la asamblea constituyente. Muy poca gente para tamaña demanda.
Las acciones preventivas de la policía, las advertencias sobre capturas, los anuncios de cámaras en el Centro de Lima, las campañas en las redes que llamaban a grabar a los violentos, la salida del Fenate del poder y un menor financiamiento inhibieron la participación y dirección de los sectores más radicales y neo senderistas, dejando el protagonismo a la CGTP, el Nuevo Perú, el obsesivo colectivo No a Keiko y otras izquierdas y frentes regionales. De todos modos, hubo piedras, bombas molotov y ocho policías heridos.
Pero nulo poder de convocatoria. Es que las grandes mayorías, si bien desaprueban a Boluarte, tampoco esperan nada del Estado y sus demandas profundas tienen que ver con la inseguridad, el empleo y los ingresos, algo que las movilizaciones y paralizaciones no hacen sino agravar. Las izquierdas no se enganchan con los problemas populares; los agudizan.
Por lo tanto, en lugar de persistir tozudamente en el error autoconvenciéndose ciegamente de que “la marcha del 19J reimpulsa la demanda de adelanto de elecciones”, como tituló “La República”, el balance de esa jornada debería llevar a las izquierdas a dejar de lado esa inconstitucional demanda y aceptar el cumplimiento del período constitucional, para no seguir gastando esfuerzos inútiles en un objetivo estratégico inconducente que solo sirve para sembrar zozobra, impedir la mejoría colectiva y alejarlas de las verdaderas necesidades populares. Mucho mejor les iría si pasaran a demandar más crecimiento y más inversión, para que haya más empleo y mejores ingresos. Sería una gran noticia para el Perú que tal cambio se produjera, porque permitiría empezar a dialogar para sacar al país del pantano en el que se encuentra.
Pero el Gobierno no debe tomar el fracaso de la llamada “toma de Lima” como un seguro de permanencia. Su estabilidad de todos modos es frágil. Le haría bien interiorizar el plazo del 2026 para sacar adelante los grandes proyectos, reformar la gestión del sector Salud y la seguridad, y plantearle al Congreso este 28 de julio una agenda conjunta de reformas políticas, económicas y del Estado para atacar los problemas estructurales que han estancado la economía e impiden recuperar inversión, empleo e ingresos.
Porque el Congreso necesita un impulso externo para cambiar la dinámica de los intereses particulares y clientelistas que lo dominan por una discusión de las grandes reformas que el país necesita. La elección de la Mesa Directiva es clave en este sentido, pero hace falta además la presión de la sociedad civil, de los gremios y la academia, de los institutos de estudios y de los partidos políticos como tales. Se requiere romper la inercia, sacudirse del día a día y decidirse a girar el timón.
Es hora de un acuerdo político entre los partidos de centro y derecha para aprobar bases del plan de gobierno que aplique el que llegue al poder y que ofrezca desde ahora un norte al país y una orientación al propio Congreso. Recuperar la política seria.
La debilidad de las marchas del 19 de julio debe representar el fin de un período de confrontación y el comienzo de una etapa constructiva y de recuperación luego del hundimiento nacional de estos años.
