Por: Iván Arenas
Perú21, 26 de Mayo del 2023
“Además de la conflictividad político-ideológica desarrollada por un sector minoritario pero potente de peruanos que se oponen a la industria minera moderna, la permisología es el primer enemigo de las operaciones y proyectos mineros”.
Semanas atrás, en Canadá, en el marco del PDAC (encuentro más importante de países mineros), el ministro de Economía, Alex Contreras, sostuvo que su cartera preparaba un “shock para eliminar la “permisología minera”. No obstante de las buenas intenciones en el anuncio del titular del MEF, hasta el momento el Gobierno en pleno no ha presentado una propuesta al sector para eliminar o —en todo caso— reducir la enorme permisología que existe alrededor de la minería moderna.
Hoy, sin temor a equivocarme, además de la conflictividad político-ideológica desarrollada por un sector minoritario pero potente de peruanos que se oponen a la industria minera moderna, la permisología es el primer enemigo de las operaciones y proyectos mineros. No hay empresa minera que haya recibido algún permiso o licencia de acuerdo a los plazos que se establecen en la normativa nacional.
Por ejemplo, los grandes proyectos mineros greenfield en el Perú (proyectos desarrollados desde cero) necesitaron casi ¡500 permisos! amén que, como les decía líneas arriba, no se otorgan los permisos dentro del plazo establecido. En el caso de las exploraciones, vitales para el desarrollo de la industria, el plazo de entrega de un permiso o licencia es de ¡dos años en promedio y esto es! (pedir EIA para exploración es una reverenda exageración).
Ahora bien, eso no implica relajar en ningún momento los estándares ambientales, sociales o laborales tal como ya empezaron a decir los opositores a la minería moderna, sino todo lo contrario.
El Perú es todavía un país competitivo en minería debido entre otras cosas a los costos operacionales y a la bendita geología. Se estima que en Chile los costos operativos son 30% más que en nuestro país y la recuperación de inversión en el Perú tarda entre 5 a 6 años mientras que a nivel global es en promedio 28 años.
¿Eliminar o reducir la permisología es solo una necesidad económica? No, en absoluto. Es sobre todo una urgencia social en un país donde la pobreza y pobreza extrema han aumentado, sin embargo, no así en las zonas aledañas a las operaciones y proyectos mineros. En todo caso, la data oficial lo corrobora. De allí que el Gobierno, PCM y MEF deben presentar con urgencia medidas para reducir o eliminar de una vez por todas los permisos y trámites que hacen pesada a una industria que cumple todos los estándares globales a nivel social, laboral y ambiental.
