Por: Alfredo Torres
Perú21, 9 de Abril del 2023
“Los problemas de la discriminación social y la pobreza, las carencias de la educación y la salud no se resuelven con una nueva Constitución. La vigente reconoce decenas de derechos con bastante precisión. Falta mayor difusión”.
Hace algunas semanas parecía que el Perú iría hacia un adelanto de elecciones generales, pero esto no fue posible al poner las bancadas de izquierda como condición que se convoque al mismo tiempo una consulta para convocar a una Asamblea Constituyente (AC).
Sobre la AC, las encuestas de Ipsos han ilustrado reiteradamente que no es un asunto prioritario. Una encuesta de febrero, por ejemplo, encontró que las principales demandas ciudadanas son combatir la delincuencia (53%), luchar contra la corrupción (49%), mejorar el sistema de salud (42%), mejor el sistema educativo (38%) y reactivar la economía (35%). Convocar una AC figura en el décimo puesto en la lista de prioridades con un magro 17%. A pesar de ello, hay indicios de que la idea de que el país requiere una nueva Constitución viene calando en un sector de la población. Según el IEP, esta posición ha crecido de 28% a 36% entre febrero de 2022 y febrero de 2023.
Si bien son conocidos los motivos de quienes promueven una AC –capturar el poder y cambiar las reglas de juego en su beneficio–, es necesario entender qué está llevando a un incremento en el respaldo a una AC, y lo que se puede observar es que uno de los componentes centrales de la narrativa que impulsa ese crecimiento es el argumento de que la Constitución vigente no reconoce derechos humanos fundamentales.
Para verificar si esta campaña política está funcionando, Ipsos preguntó por algunos artículos constitucionales y los resultados son muy reveladores: el 40% cree que la discriminación está permitida en la Constitución (art. 2.2), el 41% que la identidad étnica y cultural no está protegida (art. 2.19), el 44% que el Estado no garantiza el acceso a la salud (art. 11), el 49% a la educación (art. 16), y el 47% que el quechua y el aimara no son idiomas oficiales donde predominan (art. 48).
La respuesta más extrema es la referida a la educación. Solo 40% cree que está escrito en la Constitución que nadie puede ser impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica. La paradoja es que, gracias al crecimiento económico que permitió la Constitución de 1993, aumentó la recaudación tributaria y se multiplicó el presupuesto de educación en más de cinco veces y, además, se hizo posible la creación de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), que permiten que miles de jóvenes destacados de escasos recursos puedan recibir una educación que potencie sus talentos.
Lamentablemente, el Perú es un país de marchas y contramarchas. Por ejemplo, el incremento en el presupuesto y la calidad de la gestión en educación entre 2013 y 2017, bajo las gestiones de los ministros Jaime Saavedra y Marilú Martens, fue sustancial. Sin embargo, ambos terminaron censurados por el Congreso de entonces y, lo que es más grave, la censura a Martens –que arrastró al gabinete Zavala en 2017– catapultó al líder sindical que había encabezado una larga huelga entonces: Pedro Castillo. El principal punto de su pliego de reclamos: oponerse a los exámenes a los maestros que permitirían promover a los mejores. Como se sabe, Castillo llegó al poder, registró a la Fenatep, el sindicato que él fundó con la facción del magisterio vinculada al Movadef, y la educación aceleró su deterioro.
Los problemas de la discriminación social y la pobreza, las carencias de la educación y la salud no se resuelven con una nueva Constitución. La vigente reconoce decenas de derechos con bastante precisión. Falta mayor difusión. Pero también es necesario explicar mejor que el ejercicio de esos derechos requiere mayor crecimiento económico –para contar con mejores empleos y más recursos fiscales–, menor corrupción y mejor gestión pública a nivel nacional, regional y municipal.
