Jaime de Althaus
Para Lampadia
Para diversos analistas y politólogos el gobierno de Boluarte es un gobierno autoritario que en lugar de hacer política aplica la mano dura y usa a las fuerzas armadas y policiales como única respuesta frente a la crisis política. En lugar de buscar el diálogo, recurre a la represión.
Es lo que han opinado recientemente Paolo Sosa, David Sulmont, Paula Távara y Rubén Vargas en la República y Martín Tanaka en El Comercio.
Yo no sé si el gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles para buscar el diálogo con los dirigentes de las protestas, pero somos testigos que envió a los ministros a buscar interlocutores y establecer mesas de diálogo en las regiones movilizadas, y fue muy poco o nada lo que logró. Lo que no dicen los críticos es que las dirigencias de la protesta se han negado sistemáticamente a dialogar.
Los defensores del diálogo deberían empezar por demandar a esas dirigencias radicales que dialoguen. No conocemos de ninguna iniciativa de esos “demócratas” para buscar y persuadir a esos líderes para que se sienten a dialogar o para crear espacios de diálogo. Nada de nada.
Lo que sí hemos visto son decisiones incluso de autoridades electas como gobernadores regionales y alcaldes de no dialogar con el Ejecutivo, de no recibir a los ministros ni a nadie del gobierno. ¿Alguna crítica a esas autoridades por negarse a dialogar? Ninguna.
Menos aún a la CGTP, que es casi la única organización visible enfrentada al gobierno. La CGTP no dialoga ni en tiempos normales en el Consejo Nacional del Trabajo, pues apenas se quiere tocar propuestas de reforma, se levanta y se va. Es profundamente antidemocrática. ¿Alguna crítica de parte de estos politólogos y analistas a esas dirigencias formales? Ninguna. Menos aún a los líderes en la sombra, que no aparecen ni quieren aparecer, dirigentes del Fenate, Movadef, Sute-Conare y otras agrupaciones. ¿Alguna preocupación por la minería ilegal que gozó de liberalidades durante el gobierno de Castillo y proporciona dinero y logística? Ninguna.
Quien no quiere dialogar es la protesta, que tiene un carácter insurreccional. En realidad, niega la legitimidad del gobierno de Boluarte y demanda su renuncia. Parte del mito de que el golpe lo dieron el Congreso y los poderes limeños a Castillo, y Boluarte es una usurpadora. Por eso rechazan el diálogo. ¿Alguno de estos críticos ha intentado explicar que esa narrativa es falsa? Evidentemente si estoy convencido de que el Congreso y los poderes limeños me robaron el voto deponiendo al presidente que yo elegí, a mi representante, simplemente por su origen popular y por racismo, me levanto y me movilizo. ¿Alguien ha tratado de explicar que no fue así?
Ni siquiera el gobierno. Y allí si hay una falla. No ha lanzado una campaña comunicacional para explicar qué fue lo que ocurrió y cómo Castillo intentó dar un golpe de Estado, para desactivar la motivación profunda de esta revuelta.
Menos aún estos intelectuales y analistas han salido a revelar y denunciar la naturaleza abiertamente dictatorial de los regímenes que esas dirigencias radicales imponen en los lugares que controlan. En Puno, Cusco y otros sitios se bloquea para que no haya abastecimiento, o se deja pasar a cuentagotas, atentando contra derechos fundamentales, se obliga a los comerciantes a cerrar o a vender solo hasta las 8 de la mañana, se obliga a las autoridades electas a pronunciarse en el sentido de que apoyan la huelga y están en contra del gobierno y se les azota si hablan con el gobierno, se amenaza a los fiscales para que no actúen, los periodistas o son activistas o están reprimidos, pues la disidencia está prohibida y se castiga ferozmente. En el Cusco apedrearon e incendiaron el local del canal de televisión CTC porque un congresista que tiene allí un programa osó criticar el paro.
Verdaderas dictaduras, profundamente antidemocráticas. ¿Hemos escuchado que se las denuncie o critique? Nada. Es la hipocresía. Ni siquiera por solidaridad o empatía con las grandes mayorías seriamente afectadas en sus ingresos porque no pueden trabajar o vender o desplazarse.
Por supuesto que para pacificar y normalizar Puno se requiere algo más que un comando unificado que trata de despejar carreteras mientras son vueltas a bloquear, y que lleva ayuda humanitaria para tratar de ganarse a la población. Se requiere, además, una intervención política o ejecutiva, quizá designar un Zar para Puno como sugiere Ismael Benavides, para desarrollar acciones de impacto, terminar obras largamente inconclusas debido a la corrupción generalizada – denunciándola de paso-, formalizar la minería informal, etc.
¿Ha venido de estos tuertos defensores de la democracia alguna sugerencia o propuesta de qué hacer, con qué instrumento institucional entrar, con quién dialogar si ni siquiera el gobernador regional quiere sentarse? Nada de nada. Lampadia
