Por: José Luis Gil
Perú21, 16 de Febrero del 2023
“Iniciemos el cambio poniendo en agenda esta problemática y gritemos al mundo: Somos libres, seámoslo siempre. ¡Sí se puede!”
La feroz arremetida progresista contra las Fuerzas Armadas del país (como las “petradas” lanzadas desde Colombia por su presidente, que llamó “nazis” a la PNP), nos hacen cuestionar, nuevamente, la pertinencia y funcionabilidad de las ONGD en el Perú. El análisis de los políticos, autoridades, y la sociedad, pasa por preguntase si queremos convivir con este “neocolonialismo” que significa estar dentro de órganos supranacionales, como la CIDH, entre otras. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele hace poco, dijo: “los derechos humanos deben ser para los humanos derechos”. Sensato.
A través de los años se ha visto incrementada la intromisión perversa de las ONGD en asuntos internos del país, sobre todo, en los de connotación jurídica. Las ONGD “definen” qué son los DD.HH., quiénes los contravienen, crean historias a su conveniencia, las difunden mediáticamente. Han creado su propio sistema de justicia, asumiendo la defensa de las “víctimas”, y definen quiénes son los trasgresores, sometiéndolos a la “trituradora humana” que son procesos judiciales interminables y dolorosos, con fiscales y jueces adeptos a su misma ideología, logrando así “sentencias” contra valientes miembros de las FF.AA. y PNP. Asimismo, pretenden humillar a los peruanos, obligándonos a pagar jugosas “reparaciones” económicas que siempre “comparten” con las supuestas víctimas, como Indira Huilca, Lori Berenson, y otras historias atroces. ¡Basta!
Las ONGD utilizan fondos de cooperación internacional, conocidos por la Cancillería, para poder costear y manejar todo ese sistema a su favor, como si el Perú no tuviera otras reales necesidades socioeconómicas. Por eso, es hora de revisar los mecanismos de control que existan para conocer el origen de esos fondos y su uso correcto en beneficio del país. Es hora que quienes quieran hacer “trabajo social” o “periodismo” en el Perú, lo hagan con el sudor de su frente y sus propios recursos, en vez de usar dinero impregnado de intereses ideológicos y políticos. El Perú no está huérfano ni está mutilado de intelectualidad, de capacidades políticas o de independencia como para no poder tomar nuestras propias decisiones, ¡entiéndanlo bien!
Por eso, debemos renunciar a la CIDH y al Acuerdo de Escazú. Nada va a pasar si salimos del yugo asfixiante de quienes no les interesa los humanos derechos, ni las víctimas del terrorismo, solo el beneficio para sus “compañeros” de aventura ideopolítica. Los EE.UU. y otros países no pertenecen a este sistema perverso, y nosotros, los peruanos, tampoco tenemos por qué hacerlo. No caigamos en los “cucos” que seguramente levantarán para evitar dejarlos con los bolsillos vacíos y obligarlos a trabajar de verdad. Iniciemos el cambio poniendo en agenda esta problemática y gritemos al mundo: Somos libres, seámoslo siempre. ¡Sí se puede!
