Jaime de Althaus
Para Lampadia
El tiempo de la discusión de la ley de presupuesto no es el mejor momento para gestar una decisión tan importante para el país como la declaración de vacancia de la presidencia de la república o la negociación de una salida a la insostenible situación actual. El proceso de aprobación de esa ley crea un escenario proclive a la maximización de los intereses políticos particulares, porque los congresistas buscan colocar proyectos o programas para sus regiones o sus pueblos. Ese estado de ánimo no es el mejor para elevarse a la consideración de los temas de interés nacional. Por el contrario, la ocasión es propicia para el tráfico de proyectos, para ofrecimientos a cambio de los cuales se solicite lealtad al gobierno o al presidente.
Circuló la versión, que no he podido verificar, de que el presidente de la comisión de presupuesto, José Luna, en probable combinación con la primera ministra Betssy Chávez, habría concedido proyectos a algunos congresistas a cambio de solicitarles apoyo para una candidatura suya a la presidencia del congreso en julio (que lo pondría en mejor posición para afrontar los procesos penales que tiene) y a que no se vote a favor de la vacancia, asegurándoles que no habrá disolución del congreso. De hecho, fue lo que dijo la Premier: ni cierre del congreso ni vacancia.
Es obvio que el discurso pacifista de Chávez no es sincero sino oportunista, pero, repito, no he podido verificar la versión de las transacciones de Luna y más bien algunos indicadores señalarían que esta operación, de haber existido, no fue masiva: la ley de presupuesto se aprobó de manera ajustada, con apenas 66 votos, y solo para que no quede consagrada la propuesta original del Ejecutivo, porque muchos congresistas no estaban contentos con el resultado.
De todos modos, no cabe duda de que algunos votos, de los que estaban migrando a la vacancia, habrá podido recuperar el gobierno, que claramente está reagrupando sus fuerzas. Sería lamentable. Los congresistas tienen que mirar la manera como la Palacio se ha convertido casi en nada más que en un centro de operaciones de obstrucción a la justicia y de movilizaciones contra el Congreso y la fiscalía, y mirar también lo que está ocurriendo en el Estado y en la economía del país, para darse cuenta de que tienen la obligación y hasta la conveniencia personal de poner fin a esta agonía que está generando daños irreversibles.
Quizá sea el momento de conversar con Dina Boluarte para ver la factibilidad de armar con ella un gabinete serio que pueda comenzar a recuperar la tecnocracia que ha sido expulsada de las entidades estatales, a derogar decretos que frenan toda inversión y dañan la generación de empleo, y dictar lineamientos que permitan reactivar la inversión privada que es la fuente del empleo y de los ingresos fiscales.
Quizá se pueda acordar con ella, también, como han propuesto Adriana Tudela y otros, que su gobierno sea uno corto de transición que convoque a elecciones generales y que dure el tiempo que permita aprobar las reformas políticas necesarias para mejorar la calidad de los partidos, de la democracia y de la gobernabilidad en nuestro país, para no volver a lo mismo.
Ahora que se ha terminado de aprobar el presupuesto de la república, se restablece la calma que permite retomar conversaciones entre las bancadas del congreso para encontrar una salida viable. No es fácil porque son demasiadas bancadas y porque se ha perdido la cultura de la negociación política en el buen sentido de la palabra. Necesitamos una salida realista. El Perú está al borde se ser un Estado fallido pudiendo convertirse en una estrella del crecimiento mundial si fuera capaz de encontrar la solución institucional a sus conflictos para aprovechar la gran demanda de cobre que traerá -y ya trae- la transición energética global. Necesitamos un acuerdo nacional para convertir esa demanda en la gran palanca de nuestro desarrollo económico, político y social. Lampadia
