Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 30 de Noviembre del 2022
“La ‘cuestión de confianza’ […] es una espada de Damocles que penderá sobre todos los 130 congresistas”.
La crisis política que vive el Perú es de tal profundidad y gravedad que el escenario más probable es que siga su curso por los desagües por un período largo. Aún si hacemos las cosas bien, tomará tiempo antes de que pueda discurrir por aguas razonablemente potables.
La principal manifestación de esa crisis es el alejamiento casi completo de la población de la vida pública. Bajo el principio de que todo está podrido (y, de hecho, casi todo lo está), se produce un desapego profundo a nivel de todos los sectores sociales: “no me hablen de política, no me malogren la noche”, “no leo diarios ni veo programas, es deprimente”, “todos son lo mismo, todos roban igual”.
Es verdad que el camino de la solución a la crisis requiere un volver a empezar con mejores reglas y que ello incluye al Ejecutivo y al Congreso. Y si bien la salida “que se vayan todos” es –según el IEP– apoyada por el 87%, cabe preguntarse cuántos sacrificarían hoy algo importante por empujar esa salida.
Aun asumiendo que muchos se movilicen en apoyo del valioso esfuerzo de los colectivos ciudadanos, se requiere, primero, reunir 75.000 firmas y, luego, casi 3 millones. ¿Un par de años?
¿Qué Perú habría para entonces dada la paralizante y destructiva colisión entre el Ejecutivo y el Congreso?
Por eso, si decir que la única solución es “que se vayan todos” y se convirtiese en excluyente, esto podrá tranquilizar conciencias, pero nada más.
La pregunta es más prosaica y se resume en: ¿qué es peor hoy para el país?
A mí no me queda duda, lo es la continuidad de un presidente que ya no tiene otra agenda que la de su impunidad y que ha llegado a la conclusión que la permanencia de este Congreso es un riesgo inminente de perderla.
El arma escogida es la “cuestión de confianza”. Eso sí, pervertida, al punto de que se presenta no para conseguirla, sino para que se deniegue (“fácticamente”). En la medida en que Castillo y la media docena de ministros investigados por corrupción y obstrucción a la justicia no pueden darse el lujo de perder, esta seguirá siendo una espada de Damocles que penderá sobre la sobrevivencia de todos los 130 congresistas. Y a la primera distracción, ¡zaaaasss!
Acá el problema principal no es la falta de diálogo político, como pretenden los miembros de la misión de la OEA. Estamos esencialmente ante un tema de supervivencia de actores con intereses contrapuestos. Los unos, evitar ser disueltos; los otros, evadir la acción de la justicia.
En mi opinión, si Castillo dejara el cargo por cualquiera de las variantes constitucionales que se exploran, no se solucionaría la crisis, pero al menos quedaría abierta la puerta para que se gobierne en democracia. Estaría así incólume la posibilidad de que, si un sector importante de la población produce una movilización social masiva y persistente, se puedan lograr elecciones con reglas nuevas que ayuden a la difícil reconstrucción de una democracia abajo asedio.
En cambio, si Castillo logra dar un golpe de estado cerrando unilateralmente el Congreso con leguleyadas, no va a ser para luego retornar a las “pelotudeces democráticas” y tener, seis meses después, un Congreso igual o más complicado para sus fines.
Toda lógica indica que buscará conseguir su objetivo: impunidad. Ello requiere, al menos, llevarse de encuentro a la fiscal de la Nación y toda continuidad de las investigaciones. No descartaría tampoco que pongan restricciones a la libertad de prensa. También –aunque su insuperable incompetencia juega fuerte en su contra– buscaría imponer una asamblea constituyente en base a representantes de sus “organizaciones populares” que le asegure permanencia más allá del 2026.
Ambas armadas soltaron ya las amarras. Las próximas semanas van a ser de un nivel de tensión altísimo y el escenario político del 2023 será otro.
¿Cuál? Nada está asegurado ni desechado. Dado que la definición será sin hinchada (las portátiles no cuentan), el resultado va a depender exclusivamente de cómo y cuan rápido muevan sus fichas el Ejecutivo y el Congreso, así como de las decisiones que tome (o no tome) un Tribunal Constitucional del que no sabemos mucho cómo piensan sus nuevos integrantes.
Entre tanto, el trabajo en la fiscalía sigue avanzando.
Muy importante ha sido la detención del oscuro asesor de Castillo, Henry Shimabukuro (no se sabe siquiera con certeza si es de la DINI). La fuga y posterior entrega de Hugo Chávez, ex mandamás de Petro-Perú. La prisión de Samir Abudayeh, el beneficiado con el millonario contrato que luego fue anulado por el escándalo. Y, lo más significativo, nada menos que José Luis Fernández, exjefe de la DINI, ya con detención preliminar y arriesgando algunos años de preventiva.
Estas detenciones no parecen ser el colofón de las investigaciones. Más bien, son un episodio más que emerge de 47 carpetas fiscales que involucran a muchos más de los ya descubiertos.
Castillo sabe que no conocemos sino una parte de lo ocurrido y que el tiempo juega en su contra.
Su pánico se agudiza y lo ratifica en que necesita jugarse el todo por el todo.
