Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Tras 14 meses de este gobierno, el sector ya ha tenido cinco cambios de ministro y, hasta donde se ve, va camino a un sexto cambio (prácticamente un ministro cada dos meses y medio). Así es imposible desarrollar una política coherente para el sector minero. Como todos sabemos, entre el inicio de una prospección y exploración, pasando por el descarte de muchos esfuerzos exploratorios, hasta el término de la construcción de un proyecto minero, transcurren varias décadas. En el Perú tenemos proyectos concluidos después de cinco a siete décadas de trabajo duro, abnegado y resiliente que, a pesar de los cambios en la política, se han culminado con éxito.
El último proyecto de gran envergadura construido en el Perú, es Quellaveco. Felizmente, con una ejecución impecable y diseñado para ser operado como una operación emblemática, que está fijando nuevos parámetros y estándares en la minería del siglo XXI.
Esta operación será completamente digitalizada, cuenta con sistemas de control y optimización de sus procesos en mina, con vehículos y palas autónomos, planta concentradora con sistemas para optimización de la molienda, tamaño de partícula, así como optimización del uso de agua. Procesos logísticos y administrativos igualmente controlados y a la altura de los componentes antes mencionados. Lo importante es que todo lo descrito asegura el retorno sobre la inversión realizada, pero especialmente, asegura también el óptimo uso de nuestros recursos naturales.
No podemos olvidar que el Estado peruano es, en esencia, beneficiario al 50% del valor creado en las operaciones mineras y, consecuentemente, está en el mayor interés de todos los peruanos, que quien obtenga la concesión de explotación y opere la mina, sea una empresa capaz de maximizar su rendimiento, bien sea optimizando el costo o maximizando la recuperación metalúrgica y valor final del producto, minimizando las externalidades negativas.
Es importante hacer esta precisión, porque no se trata de entregar los recursos naturales a cualquiera, para que sean explotados de cualquier forma. De lo que se trata es de obtener la mayor rentabilidad social de estos recursos y, en consecuencia, es indispensable que lo que se explote, se haga optimizando procesos, beneficios económicos y minimizando impactos sociales y ambientales.
En el Perú contamos con un importante portafolio de proyectos por más de US$53 mil millones, que lamentablemente no están progresando. Es indispensable tomar medidas correctivas, para hacer que la comunidad inversionista mundial recupere la confianza que el Perú merece como destino de inversiones. Sólo así podremos atraer la mejor tecnología, ingeniería y calidad de inversionistas, capaces de maximizar el valor de estos recursos y su beneficio para toda la Nación.
La principal preocupación por los cambios que se vienen dando en el sector Energía y Minas, derivan del desconocimiento absoluto del sector dentro del ejecutivo y la separación de los profesionales y técnicos que, tras años de ejecutoria en el sector, conocían no sólo de la importancia del mismo, sino también de todas las necesidades de paz social, predictibilidad legal y administrativa, que el desarrollo de proyectos demanda.
Ninguno de los cinco ministros que han pasado por el Ministerio de Energía y Minas, ha tenido la responsabilidad de la conducción de una operación minera importante o de la construcción de un proyecto minero de envergadura. No comprenden que la optimización de un proyecto, significa el mayor beneficio económico y social del Perú. Que un proyecto bien concebido, mejor diseñado y construido y por supuesto, bien operado y acompañado de paz social, trae como consecuencia el mayor beneficio para los más pobres.
Es a partir de esos buenos resultados que, el país puede mejorar sus Índices de Desarrollo Humano (IDH), minimizar la anemia infantil y desnutrición, mejorar las condiciones de vida de los más pobres y educarlos, cuidando su buena salud. Si el Perú no se ocupa de resolver pronto esas carencias, no tendremos futuro en un mundo globalizado y cada vez más competitivo. Necesitamos con urgencia poner en valor nuestros recursos naturales y dedicarlos a la mejor educación de nuestros niños y jóvenes, caso contrario, quedaremos rezagados en la economía mundial.
Parece mentira que para la minería legal, formal, aquella que compite universalmente, una burocracia cada vez menos comprometida con nuestro desarrollo y cada vez más indiferente a nuestras oportunidades de progreso, vaya creando más trabas y dificultades cada día, mientras van demorando el otorgamiento de permisos de manera desesperante. Las compañías se ven invadidas en sus concesiones, ven bloqueados sus accesos y carreteras, y no se hace respetar la ley.
A contramano, gente organizada para la extracción ilegal de minerales o aquellos que han logrado un papelito de REINFO, reciben día a día más facilidades y plazos para actuar, incluso invadiendo propiedad minera y descubrimientos geológicos de las empresas formales. El mundo al revés.
Debemos precisar que, al igual que en el pasado, el Estado debería fomentar el cateo y la prospección, la minería artesanal, al igual que la pequeña minería. Ciertamente, el objetivo sería hacer de ellos, mineros formales, que cuenten con sus denuncios y concesiones de exploración o explotación, que hagan geología y descubrimientos con apoyo profesional, que sus operaciones sigan reglas de seguridad, que las labores de exploración y desarrollo tengan apoyo técnico, que la compra de explosivos sea legal y registrada y que se asegure los riesgos de los trabajadores, tal como ocurría hasta la década de los 70 del siglo pasado, no la actividad de piratería que se pretende hoy.
Debemos resaltar que los resultados de los esfuerzos efectuados por las empresas mineras en el pasado, están a la vista y listos para ser puestos en valor.
Con un ambiente favorable a la inversión, podríamos lograr un rol preponderante en cobre, con proyectos como Tía María, listo para ejecutar, los Sulfuros Yanacocha (hoy postergado una vez más) y los proyectos Galeno, Conga, Michiquillay, Ccoroccohuayco, Zafranal, San Gabriel y La Granja, que podrían construirse en un horizonte de diez años y con máximo beneficio para el Perú.
Es sólo cuestión de visión y decisión, caso contrario, habría que esperar el cambio de gobierno. Lampadia
