Por: Juliana Mejía, Diario «El Tiempo», de Colombia, GDA
El Comercio, 26 de Agosto del 2022
“La fórmula más efectiva para reducir la pobreza es la generación de empleo de calidad”.
Ofrecerles a todos los miembros de la sociedad la oportunidad de tener una vida digna y de prosperar es una obligación de los gobiernos que tiene réditos, no solo en materia económica, sino también en la estabilidad social del país.
El mecanismo de política social por el que el Estado interviene para proteger a la población pobre y vulnerable es el de los subsidios. Es decir, las contribuciones financieras que el Gobierno hace en forma de transferencias monetarias directas, indirectas o en especie a algunos ciudadanos con el propósito de redistribuir los beneficios del crecimiento económico.
Si bien las cifras muestran que los subsidios en el corto plazo son eficientes para aliviar la situación de pobreza de los hogares al garantizarles un nivel básico de ingresos, esta política deja muchas inquietudes.
Por un lado, más que una estrategia para reducir estructuralmente la pobreza, las transferencias monetarias son un amortiguador para evitar su incremento. La pandemia evidenció lo rápido que se pueden perder los avances logrados en reducción de la pobreza vía subsidios. Al ser esta una medida asistencialista y no una que transforma capacidades, las personas terminan siendo muy vulnerables a los choques económicos.
Por otro lado, la experiencia de Estados Unidos evidencia que cuando el monto de estas transferencias es cercano al salario mínimo, tiene un efecto negativo sobre la producción, ya que muchos no estarán dispuestos a trabajar por un dinero semejante al que reciben del Estado estando en casa.
En el largo plazo, la fórmula más efectiva para reducir la pobreza es la generación de empleo de calidad, y depende de la posibilidad de la inclusión productiva, la que requiere tanto de la iniciativa privada como de la intervención del Estado.
El Estado debe proveer bienes y servicios públicos de calidad. Existe una desconexión importante entre las capacidades que demandan las empresas y las competencias básicas y blandas que puede ofrecer el mercado laboral. Si bien algunas de estas falencias las intentan corregir los privados con su ejercicio de responsabilidad social, las soluciones estructurales dependen de la intervención del Estado en educación y formación laboral.
En momentos en que la discusión alrededor de un nuevo paradigma entre Estado y mercado cobra importancia, las evidencias en cuanto a reducción de la pobreza muestran que se necesita de ambos. Lo cierto es que las soluciones asistencialistas, como las transferencias monetarias, mitigan, pero no resuelven la pobreza. Esta, finalmente, se reduce de manera estructural con políticas que ayuden a la inclusión productiva.
