Por: Jaime de Althaus
El Comercio, 3 de Setiembre del 2022
“A lo que aspira Castillo es al control total de la policía, no solo para protegerse, sino, peor aún –si cabe–, para disponer de un poder de intimidación”.
El presidente Castillo cruzó una línea roja cuando pasó al retiro al comandante general de la PNP Luis Vera sin razón alguna, solo para que su amigo, el general chotano Segundo Mejía, pudiera seguir ascendiendo y alcanzara la Inspectoría General de la PNP, desde la cual poder retirar al coronel Harvey Colchado de las investigaciones que lo cercan.
Un acto de arbitrariedad dictatorial que supera todo lo que habíamos visto antes. Castillo está destruyendo la institucionalidad policial solo para armar una guardia pretoriana que lo defienda de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él, su familia, sus paisanos y amigos. Es perverso usar a la PNP para procurar fines absolutamente contrarios a su razón de ser. A lo que aspira es al control total de la policía, no solo para protegerse, sino, peor aún –si cabe–, para disponer de un poder de intimidación contra fiscales, jueces, políticos y periodistas, contra la democracia como sistema de pesos y contrapesos.
Porque eso es lo que está haciendo. No contento con arruinar a la policía, ha desatado una feroz campaña contra la Fiscalía de la Nación, acusándola de ser vehículo político de la derecha, de acusar sin pruebas –repitiendo lo que dice la prensa–, e intentando desprestigiar a la propia fiscal de la Nación para deslegitimar la investigación de los hechos. Aníbal Torres ha llegado al extremo de afirmar que “el narcotráfico ha tomado a un sector de la justicia que investiga a la familia del presidente”.
Estamos ante el clásico ataque de los aspirantes a dictadores contra las instituciones democráticas y controles horizontales que limitan el poder. Los ataques diarios a la prensa y al Congreso forman parte de este plan.
En esa línea, el componente central de esta estrategia es una campaña de victimización que acusa al Congreso, a la fiscalía, a la prensa –es decir, al sistema democrático mismo– de pergeñar un golpe racista para desconocer el triunfo del pueblo. Ha logrado, con esto, reagrupar a sus bases electorales contra el sistema, al que perciben como abusivo contra él y su familia.
Forma parte de esa estrategia convocar a Palacio todos los días a organizaciones sociales y políticas –algunas con trayectoria violentista– a fin de denunciar ese golpe clasista y movilizarlas para eventualmente tomar y cerrar el Congreso. Esto, evidentemente, no lo ha logrado, porque esas organizaciones son débiles o están divididas, y algunas incluso se le oponen. Pero como parte de ese plan ha soltado a Antauro Humala, un elemento revulsivo en el caldero para provocar el caos y las condiciones necesarias.
No cuenta, sin embargo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas –que son muy conscientes de su rol constitucional– para cerrar el Congreso, pero por eso ha nombrado como nuevo ministro de Defensa a un general en retiro que ha sido candidato de UPP de Antauro Humala. El control de la policía, en cambio, como hemos señalado, ya casi lo tiene.
Además, para blindarse contra la vacancia en el Congreso, instrumenta un patrimonialismo que le permite repartir obras, ministerios e instituciones como si fueran feudos a aliados políticos, que replican al interior de esos feudos las mismas prácticas patrimonialistas. Y también un clientelismo desbocado regalando beneficios legales y protecciones a la CGTP, al Fenate, a los mineros informales, a los restaurantes y hoteles, etc., para conseguir apoyo social a costa del crecimiento económico y del incremento de la informalidad.
Ante el dilema trágico que enfrenta: o salva a su familia asumiendo él la responsabilidad de los hechos, o se salva él aferrándose al poder, pero hundiendo a su familia, ha decidido fugar hacia adelante destruyendo lo que puede y enterrando la democracia antes de caer él y su familia. Sansón y los filisteos. La ciudadanía y el Congreso tienen que reaccionar.
