Por Nelson Torres, Investigador Principal del Instituto del Perú
Para Lampadia 18 de abril de 2018
Usualmente no veo los reportajes dominicales, pero cuando haciendo zapping me enteré que habría uno sobre la OSCE, me interesó y me quedé viendo ese canal. Luego de una breve temporada en el sector público, quedé con un mal concepto de esa institución (específicamente de su Convenio Marco) y por ello me llamó la atención el reportaje. Luego de verlo, quede anonadado, pues si bien el alquiler de oficinas para una entidad pública, en la zona más lujosa de Lima, no puede catalogarse como un acto inmoral o corrupto, es casi con total seguridad un acto sin ningún sentido común.
La OSCE cuenta con dos locales propios. Ambos con observaciones menores de Defensa Civil (hacinamiento en un caso y exceso de peso en el último piso en el otro), pretender “que por la seguridad de los trabajadores y visitantes” era necesario abandonar ambos locales, que además son propios, para pagar un alquiler por tres años en uno de los más exclusivos edificios de oficinas de Lima es, por lo menos, tomarnos el pelo a todos los contribuyentes.
Los casi quince millones de soles que pagará la OSCE por el alquiler (si finalmente no se puede dar marcha atrás con la sandez), permitirían construir varios colegios en pueblos olvidados (por ejemplo, el colegio 50260 de Huayopata cuyo presupuesto es de S/. 1.29 millones según el SNIP) o postas médicas (por ejemplo, la mejora e implementación del Centro Médico de Cangallo, que cuesta sólo S/.236 mil), o comisarias (la construcción de la comisaria de Nauta en Loreto cuesta S/.612mil). Pero, aparentemente, es más importante el buen vivir de burócratas limeños que el bienestar de los ciudadanos.
Los responsables de OSCE argumentaron que se respetaron todos los procesos de la adquisición pública y estoy seguro que fue así. Pero la irracionalidad parte del pedido. Desde el origen hay algo mal. Los procedimientos públicos no necesariamente definen si el requerimiento es pertinente o no lo es. Cualquiera que ha pasado por la gestión pública sabe que, si se presupuesta algo y luego se siguen los procedimientos correctos, se puede adquirir casi cualquier cosa, sea pertinente o no hacerlo.
En Lima hay decenas de edificios públicos subutilizados o terrenos donde la OSCE podría construir y habilitar una nueva sede, si persisten en su capricho institucional. Sin embargo, sin ningún sentido común, se optó por la opción más onerosa para todos los contribuyentes.
Una política hoy presa se preguntó hace unos años “es tan difícil caminar derecho”; hoy me pregunto, ¿Es tan difícil tener un poco de sentido común? Que fácil es el buen vivir con los recursos de todos los peruanos.
