Alfredo Guzmán, Consultor en salud pública
El Comercio, 11 de enero de 2017
¿Qué está pasando en el sector salud? Luego de que el gobierno pareciera empecinado en dispararse a los pies con el tema de asesores, funcionarios cuestionados y consultores ad honórem para el Seguro Integral de Salud (SIS), además de la vuelta al trabajo del doctor Carlos Moreno y el comunicado posterior para “exonerarlo de sus labores”, aparecen unos decretos legislativos que son difíciles de entender para los que algo conocemos del tema. Revisemos tres de los decretos publicados.
Uno de ellos es que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) pierde su categoría de Organismo Público Descentralizado (OPD) para pasar a depender del Ministerio de Salud. En palabras simples, deja de ser un organismo autónomo en su manejo presupuestal y normativo y pasa a ser un hospital más del sistema, pese a ser un instituto altamente especializado y con gran reputación en América Latina.
Que el INEN tenía algunos problemas, los tenía. Pero se ha manejado eficientemente al menos en el último lustro. Se trata de una decisión que no entendemos. ¿Es que acaso alguien en el nivel central tiene intención de manejar los importantes recursos que tiene este instituto, entre otros, para la compra de medicamentos?
Recordemos que los medicamentos para combatir las enfermedades oncológicas se encuentran entre los más caros del mercado, pues una parte de ellos son biológicos de última generación. Asimismo, hay dinero para la compra de equipos y contratación de profesionales de salud. Y con los antecedentes del manejo financiero del SIS o el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS) en licitaciones, contratos a terceros o compras con carácter de urgencia de equipos e insumos, todo esto se hace aun más preocupante.
La verdad, viendo la situación en que se encuentran los hospitales del sector, esta no parece una medida muy apropiada o lógica para un instituto que se maneja en un estándar superior.
Otro decreto aun menos entendible es que la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), que tenía entre uno de sus objetivos la defensa de los derechos de los pacientes en los servicios de salud, con capacidad investigadora y sancionadora, ahora se le quita esa potestad y solo puede, ante un hecho grave, hacer una “recomendación”. O sea, la institución que debería fiscalizar que los diferentes prestadores de salud públicos o privados brinden una atención con calidad y calidez a los usuarios y respetando sus derechos ahora se deberá poner de perfil ante los reclamos de los pacientes.
Un tercer decreto que sorprende es la desactivación de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), pues se trata de la entidad responsable de proponer y generar políticas en materia de recursos humanos en salud. Si bien la Ensap nunca tuvo los recursos suficientes para desarrollar a plenitud su labor, y necesitaba una evaluación de su modelo de formación, representaba un esfuerzo del sector para fortalecer la formación de sus profesionales en salud pública como alternativa ante los altos costos que representan las maestrías en este campo en las universidades privadas. Algo que conoce la ministra Patricia García al haber sido decana de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
En resumen, se trata de una serie de decretos que, a mi entender, no contribuirán a una mejora del sistema de salud, cuando justamente lo que se necesita es que el Ministerio de Salud asuma el liderazgo y tome acciones urgentes que permitan revertir la aparente parálisis del sector en aspectos como la corrupción a nivel institucional, los problemas de acceso y calidad de los servicios, y la mejora de la gestión.
