Oscar Díaz, Experto en Prevención de Conflictos
Para Lampadia
Es un hecho que el gobierno de PPK se durmió con el tema de los conflictos sociales. Baste decir que se demoró dos meses para nombrar a Rolando Luque como nuevo Jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. Este “descuido” ha costado un muerto en el conflicto social de Las Bambas en Cotabambas, a menos de tres meses de iniciado el nuevo régimen, rompiendo así de manera violenta la “luna de miel” que acompaña tradicionalmente el inicio de un nuevo quinquenio.
Dicho esto, no vale la pena seguir hurgando en lo que fue sino en lo que puede ser. En ese sentido, es urgente que el gobierno recupere el tiempo perdido, pero tomando decisiones que constituyan un cambio real en la forma como el Estado ha venido enfrentando el creciente descontento popular alrededor de las actividades extractivas, en particular de la minería.
Pero para cambiar, hay que saber cómo ha sido esa forma de actuar que no ha logrado disminuir sino más bien ha consolidado perversamente el promedio mensual de 210 conflictos sociales en los últimos 5 años, de los cuales 150 son “activos”. El Estado ha seguido brindando a los inversores las concesiones mineras y con una palmada en el hombro les ha deseado buena suerte en el manejo de sus relaciones con las comunidades de las zonas de influencia directa e indirecta del proyecto minero. El resultado ya todos lo conocemos.
Las empresas que son expertas en operar minas, pero no necesariamente en implementar políticas de desarrollo social, han hecho lo que han podido para llevar la fiesta en paz con sus vecinos, reemplazando de manera involuntaria e ineficaz a ese Estado ausente. Eso tiene que cambiar en forma radical.
Ciertamente es un buen comienzo aquello del “adelanto social” que todavía nadie en el gobierno ha explicado al detalle, pero que se entiende como la decisión de que el Estado aparezca por fin antes del inicio de un proyecto de envergadura, llevando a las poblaciones que rodean dicho proyecto, servicios básicos de educación, salud e infraestructura, que son sin duda obligación del Estado, no de las empresas. Si esto se implementa adecuadamente y a tiempo, habremos dado un primer paso hacia la prevención de futuros conflictos sociales.
Sin embargo, sin ánimo de querer ser aguafiestas, la verdad es que esto tomará un tiempo en implementarse, mientras los conflictos latentes y activos que mide mensualmente la Defensoría del Pueblo, no esperan. Y si alguien lo sabe bien es el Jefe de la ONDS, Rolando Luque, desde su época de Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría.
A esta altura vale la pena recordar que en los últimos 15 años, el Perú ha sufrido muchos conflictos sociales, pero seis de ellos han tenido un efecto paralizante para nuestra economía, pues significaron la perdida de alrededor de 20 mil millones de dólares en inversión, que tanta falta le hacen a nuestro país. Hablamos de Tambo Grande (Piura), Cerro Quilish (Cajamarca), Magistral (Ancash), Bagua (Amazonas), Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa), solo por mencionar a los más mediáticos.
Pero eso no es todo, la Cartera de Inversión Minera de los próximos 10 años se calcula en 60 mil millones de dólares, los cuales ciertamente están amenazados por los conflictos sociales y ambientales que se pueden presentar si es que el Estado sigue jugando el mismo papel reactivo de los últimos años. Donde en su calidad de bombero, llega para tratar de apagar el fuego y en la mayoría de los casos solo recoge las cenizas.
Por eso, mientras se implementa el “adelanto Social”, estamos convencidos de que es urgente fortalecer al ente coordinador y articulador entre el Estado, las empresas y las comunidades. Nos referimos a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM. Para ello no basta nombrar a un funcionario con conocimiento y experiencia como Rolando Luque, sino dotarlo de todas las herramientas necesarias para el éxito de su trabajo. Esto quiere decir, contar con un adecuado equipo de profesionales muy bien remunerados, con todas las facilidades para su trabajo de campo, movilizándose por todo el país antes que “las papas quemen” y finalmente un empoderamiento que le permita diseñar y encabezar una verdadera estrategia social proactiva, en coordinación con las direcciones de gestión social de los ministerios de Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Construcción y Agricultura, por lo menos.
En el gobierno anterior la ONDS contó con 60 empleados de los cuales 30 eran administrativos y 30 profesionales en campo, pero con un modesto presupuesto que muchas veces los obligaba a pedirle dinero o facilidades logísticas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, para poder trasladarse a provincias. Eso no puede volver a pasar. Si queremos asegurar esos más de 60 mil millones de dólares en inversión, el Estado no puede darle solo 1.5 millones de dólares anuales a la ONDS para la prevención de conflictos. En un simple análisis costo-beneficio, eso es simplemente absurdo. El Presidente Kuczynski puede hacer lo que proponemos de inmediato. No hay tiempo que perder.
