Por: Burocracia
Perú21, 21 de setiembre de 2020
En 11 años, el número de empleados públicos en el país se incrementó en más de 200,000 y pasó de 1′235,000 en 2008 a 1′454,000 en 2019, según información de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
No obstante, la gerenta de Políticas de Gestión del Servicio Civil, Cinthia Sú Lay, explicó que el número de funcionarios se mantiene entre el 8% y 9% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada.
“Para compararnos con otros países se utiliza la PEA ocupada y lo que nosotros en el Perú registramos no es muy alto, estamos en el promedio internacional, incluso en Europa el porcentaje puede ser mayor al 12%”, detalló.
Asimismo, reveló que el 45% de los trabajadores del sector público pertenece al gobierno nacional, el 41% a los gobiernos regionales y un 14% a los gobiernos locales.
“Hay que precisar que el gobierno regional paga las planillas de salud y educación, por eso es que salen más altas que en los municipios”, expresó.
OPINIÓN DE SERVIR
Por otro lado, Sú Lay explicó que, desde este año, las entidades que deseen incrementar el número de contrataciones CAS tienen que pasar por opinión favorable de Servir.
“Esa es una de las estrategias que se está utilizando para tener un orden en las planillas públicas”, comentó.
Precisó que antes de esta medida, las instituciones tenían la disponibilidad basada en su presupuesto.
Debido a los criterios de orden y meritocracia, la gerenta de la entidad se mostró en contra de la ley del Congreso que permite el nombramiento automático del personal de salud. “El Ejecutivo ha elevado una demanda de inconstitucionalidad. Se está lesionando no solo la meritocracia, también el principio de igualdad de oportunidades y, sobre todo, lesiona la carrera administrativa”, comentó.
EFICIENCIA
En un contexto de alto nivel de endeudamiento y la necesidad de mejorar los sistemas de salud y educación, el principal reto del Estado en 2021 será optimizar el uso del personal. Así lo explica el exviceministro de Economía, Carlos Casas.
“El reto va a ser mejorar la calidad del gasto público y eso significa dos cosas: hacer todo de la mejor manera posible, es decir con eficiencia, y luego está la reducción de la corrupción para lograr que el Estado haga más con lo mismo”.
