Por: Verónica Zavala Lombardi
El Comercio, 1 de mayo de 2020
En estos tiempos de COVID-19 los distintos bancos de desarrollo estamos abocados a financiar programas que atiendan las necesidades de salud pública, que acompañen rápidamente a los más vulnerables de la sociedad y que financien al sector productivo para evitar quiebras de pymes y pérdidas de empleo formal. Al mismo tiempo, nuestro oficio nos hace estar volcados a acompañar la vertiginosa toma de decisiones de las autoridades acercándoles conocimiento en un amplio abanico de temas a fin de que se puedan, por ejemplo, recoger y adaptar las mejores prácticas a nivel global y regional al mismo tiempo que desalentar propuestas que complicarán la reactivación o el bienestar de largo plazo.
Los gobiernos de la región enfrentan decisiones muy difíciles porque es imposible –sanitaria y fiscalmente– hacer todo lo que se necesita o se desea; y porque en la mayoría de los países el atraso y las carencias en términos de recursos humanos, sistemas y coordinación de las entidades a cargo de la entrega de servicios son profundas. Estas deficiencias para proveer servicios limitan seriamente el menú de opciones disponible en cada país.
El informe del BID sobre gasto público (“Mejor gasto para mejores vidas”) indica que existen ineficiencias en el gasto público de la región que, en tiempos normales, equivalen al 4,4% del PBI regional. Cuando se habla de ineficiencia tiende a pensarse solo en corrupción –que hay y debe ser combatida implementando sistemas transparentes y competitivos pero también rápidos y sancionando ejemplarmente a los corruptos–. Sin embargo, la ineficiencia también incluye problemas de focalización, de gestión de compras, de planificación o de gestión en general. Gran parte de la dificultad que estamos viviendo con la respuesta al COVID-19 se explica porque los aparatos públicos no pueden gestionar la entrega de los servicios: compras de pruebas, de EPP para personal médico, distribución de alimentos en zonas alejadas, bonos a los grupos vulnerables, créditos a las pymes (muchas veces condicionadas a mantener un porcentaje de la planilla), compras de productos perecibles a los agricultores, etc. Los aparatos públicos deben hacer la provisión y entrega de estos bienes y servicios en países en los que no hay manejo de inventarios, donde los registros de contribuyentes, de beneficiarios de programas sociales e incluso de identidad son parciales, arcaicos, donde casi nada está digitalizado o georreferenciado, donde los sistemas cuando existen no “conversan” entre sí, donde gran parte de la población no está bancarizada, entre otras carencias. El reto es parchar el sistema para resolver en el corto plazo sin generar distorsiones en el largo plazo. Encontrar mejores soluciones de adquisiciones es crítico. En Centroamérica, por ejemplo, se ha utilizado la instancia de salud regional (Comisca) para agregar compras y mejorar especificaciones en armonía con OPS. En cuanto a logística, algunos países están recibiendo apoyo del sector privado para mejorar la planificación y entrega a fin de que la ayuda llegue lo más pronto posible. En general, convocar al sector privado para que en claras y transparentes alianzas público-privadas sean parte de la respuesta a la crisis y de la reactivación debería ser parte del menú.
Una cosa que esta crisis ha dejado claro para casi todos los países de la región es que la calidad de los servicios públicos es deficiente por gestión, pero también por insuficiente financiamiento a lo largo de décadas. Se gasta mal y se gasta poco. América Latina tiene niveles muy bajos de presión tributaria –combinaciones de exoneraciones tributarias, informalidad, bajas tasas, exceso de protagonismo de ciertos impuestos e insuficiencia de otros–. Esto tiene que corregirse con una aproximación integral, al mismo tiempo que se asegura una mejor, más moderna y más transparente gestión. Esas son dos tareas que debemos acometer, pero teniendo cuidado de hacerlo cuando sea apropiado, con la información suficiente y evitando generar nuevas e innecesarias dificultades. Las propuestas de reformas tributarias o de cambios en regulaciones financieras o pensionarias no deberían hacerse al apuro ni sin analizar mejores prácticas, incentivos y consecuencias. Buscar soluciones en semanas a problemas que tienen décadas no es razonable y puede llevar a lo que Moisés Naím llama “necrofilia ideológica”: un amor ciego por ideas muertas (que no funcionan y han sido descartadas). Lo que sí es razonable es asumir que tocará hacer cambios importantes a futuro que transformen radicalmente los servicios que impactan en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto y ello implica invertir bien pero también más.
