Por: Giovanna Prialé
El Comercio, 12 de mayo de 2021
En esta campaña electoral, en la que los candidatos que podrían llegar a Palacio de Gobierno hablan del sistema de pensiones con poca claridad, pasando por ideas como nacionalización, confiscación, liberación del 100% de aportes y reducción de las comisiones que cobran las AFP, creemos conveniente abordar estos temas de gran relevancia para la jubilación de los peruanos.
Plantear la nacionalización del Sistema Privado de Pensiones no es otra cosa que confiscar los ahorros de todos los afiliados a las AFP para que pasen a ser administrados por el Estado, que en el pasado ya ha demostrado ser ineficiente. Recordemos que cuando el Estado tuvo el monopolio de las pensiones acabó invirtiendo en programas estatales de desarrollo de vivienda y terminó quebrado, con 11 veces más pasivos que activos.
Perpetrar la nacionalización implica que los afiliados pierdan la titularidad de sus cuentas, la inversión de los fondos pase a ser manejada por políticos y colapsen la rentabilidad y el valor de los fondos.
Revisemos los resultados de las nacionalizaciones en Argentina y Bolivia. En Argentina, el 50% de los asegurados no recibirá absolutamente nada de pensión porque no cumplen con el requisito de 30 años para recibirla y el déficit es de 33% anual financiado con recursos públicos.
En Bolivia se creó una gestora pública a la cual se trasladarían todos los fondos. Once años después, no se ha logrado su instauración. Sin embargo, el Estado ya ha interferido en las políticas de inversión, por lo que el tamaño del fondo cayó en 42% y la rentabilidad descendió a cerca del 3% anual.
Actualmente, en el Perú, la rentabilidad promedio del fondo es de 11% nominal anual. El problema en nuestro país no es la rentabilidad ni la gestión: es la baja recurrencia en los aportes y que solo el 30% de trabajadores es aportante.
Sobre la liberación del 100% de los fondos, debemos tener claro que no solo va en contra de la intangibilidad de los mismos, sino que dejaría sin pensiones a más de siete millones de peruanos. Pero eso no es todo. Una masiva liberación de fondos haría que las AFP se vean obligadas a liquidar rápidamente los instrumentos en los que están invertidos los ahorros, lo que haría que pierdan su valor en el mercado. Así, los afiliados recibirían un monto menor a lo que tienen en sus reportes mensuales.
Otro aspecto que se ha mencionado es que se deben reducir las comisiones que se cobran por la administración de los fondos, que en la actualidad es de 0,79% sobre el saldo. Entre las propuestas de reforma que tenemos figura la comisión por desempeño, que alinea aún más los intereses de las administradoras con los aportantes.
La Asociación de AFP ha planteado desde el 2016 una reforma con ideas concretas para atender los dos objetivos de todo sistema previsional: mitigar la pobreza en la vejez para quienes no han podido ahorrar lo suficiente para una pensión digna y potenciar las pensiones de quienes sí lo han hecho. La propuesta incorpora un capital semilla de parte del Estado para cada peruano, una pensión mínima escalonada de acuerdo al esfuerzo de ahorro de cada persona –donde el Estado transfiere la diferencia entre la pensión lograda por el ahorro del afiliado y esta pensión mínima–, e incentivos para aquellos con capacidad de ahorro. Además, se debe incrementar el número de productos previsionales, personalizándolos, así como promover la competencia en el sistema, para lo que se requiere que en el país haya estabilidad jurídica. Creemos que esto es lo importante para que todos los peruanos tengan una pensión adecuada, y a esto debería apuntar quien resulte ser el próximo inquilino de la Casa de Pizarro.
