Han pasado 10 meses desde que tuvo lugar el inicio de las protestas en Venezuela debido a la profunda crisis política, social y económica que vivía el país. Venezuela había culminado el 2013 teniendo la inflación más alta del mundo, el año más violento de su historia, una escasez de productos jamás vista y una restricción de libertades al extremo.
El régimen de Nicolás Maduro reaccionó con una brutal represión y una persecución sin precedentes: 43 fallecidos impunemente, más de 3.000 detenciones arbitrarias y alrededor de 150 casos de tortura denunciados. El líder nacional Leopoldo López se encuentra preso y la diputada María Corina fue removida ilegalmente de su cargo y tiene prohibición de salida del país. Del mismo modo hay diversos activistas perseguidos y exiliados. El mensaje de terror fue: “Si protestas, mira lo que te puede pasar”.
Diez meses después, el escenario es mucho peor: 80% de la población evalúa negativamente la situación del país. La popularidad de Maduro se vino al piso al caer por más de 20 puntos y ubicarse solo en el 24 %. Este año nuevamente terminaremos con la inflación más alta del mundo, con mayor escasez (no hay papel toilette, jabón, acetaminofén etc.), mucha más violencia y menos libertades. En otras palabras, la crisis es mucho más profunda. A lo anterior se suma un elemento que es determinante: la falta de liderazgo político de Maduro para conducir la crisis y la fractura interna del partido oficial.
Maduro ha optado por seguir el guion cubano. Pretende silenciar las voces del cambio en Venezuela con esas herramientas. Son lo único que no escasea. Todo esto ha conllevado a violaciones graves a los derechos humanos como lo ratifica el informe CAT emitido por el Comité contra la Tortura de la ONU.
Durante estos meses hemos visto cómo jóvenes estudiantes aún permanecen detenidos en cárceles comunes de alta peligrosidad y son torturados con prácticas que pensábamos habían desaparecido. Tal es el caso de los jóvenes Alexander Tirado y Raúl Baduel, quienes han sido golpeados severamente hasta fracturarlos, uno de ellos presenta los genitales quemados. Tenemos también el caso de venezolanos que por tan solo tuitear están hoy tras las rejas. Sin olvidar el caso del activista Gilberto Sojo, quien fue detenido sin orden judicial con su esposa, Carolina González, y su hija de 3 años, o la imputación contra María Corina Machado por conspiración sin la debida presentación judicial de pruebas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Leopoldo López, a quien mantienen aislado. No se le permiten visitas. Solo pueden entrar sus abogados bajo vigilancia y se limita la asistencia de sus familiares. No conforme con ello se le ha lanzado excremento y orina en su celda. Todos los organismos de derechos humanos, la ONU, presidentes y ex presidentes del mundo han hecho un llamado para que sea liberado, ya que se trata de un preso de conciencia.
Todas esas violaciones graves ocurren frente a los ojos de la comunidad internacional y de nuestros hermanos latinoamericanos. Si bien el problema de Venezuela será resuelto por los venezolanos, es imprescindible que la comunidad internacional sirva de apoyo y presione para detener los atropellos del poder. Si no es así, nos preguntamos: ¿Para qué sirven organizaciones como Unasur y Mercosur? Los demócratas del mundo no pueden mantenerse ciegos frente a estas violaciones. Más vale un barril de derechos humanos que un barril de petróleo. Va este llamado para nuestros hermanos latinoamericanos: es hora de hablar, no de callar.
