La Cuba socialista está planeando una serie de cambios que ellos afirman son “potencialmente trascendentales”, con una nueva constitución establecida para reconocer el libre mercado y la propiedad privada, mientras divide los poderes políticos entre un presidente y un primer ministro. Pero, cabe la duda de si es verdad todos estos cambios y cuáles serán sus límites.
En una reforma de la constitución de 1976, se afirma que los medios fundamentales de producción seguirán bajo control central, pero la inversión extranjera será reconocida como un estímulo importante para el desarrollo, según un informe del periódico Granma. Sin embargo, se aclara que el Partido Comunista seguirá siendo «la fuerza líder superior de la sociedad y del estado» y no dice nada sobre cómo funcionará el cargo de primer ministro o quién lo ocupará.
Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, en la plenaria del primer período ordinario de sesiones de la IX
Legislatura de la Asamblea Nacional el sábado 21 de julio de 2018, en La Habana (Cuba).
Fuente: EFE
La verdad es la nueva Constitución no es más que un engaño, pues reafirma “el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Como afirma Ian Vásquez en Reforma constitucional cubana, ja, ja, ja, “De ninguna manera se abandona el modelo. Lo que importa es la política del régimen y eso no ha cambiado. Siempre ha hecho lo menos posible en términos de reforma para poder mantener el control. Mientras que dice asegurar un papel al mercado, por ejemplo, el régimen ha restringido todavía más al ya pequeño sector privado. Recientemente, anunció más impuestos y regulaciones, la reducción de actividades en las que puede participar el sector privado y la limitación a solo un negocio por empresario.”
El sector privado
El proyecto de Constitución “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, señaló un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, agregó, admite “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país”.
La autorización para que las personas trabajen en el sector privado fue una medida que casi fue suspendida. Ahora se va a reanudar, pero bajo estrictas regulaciones que parecen enfocarse más en controlar y restringir el sector privado emergente que en estimular la inversión y la creación de empleos, más preocupados por limitar la acumulación de riqueza que por aliviar la pobreza.
El pequeño sector privado de la isla ahora emplea a aproximadamente el 13 % de la fuerza laboral cubana. El sector privado creció dramáticamente en los últimos años, para incluir a casi 600,000 propietarios y empleados por cifras oficiales, con muchos cubanos más emprendedores trabajando informalmente.
Los nuevos controles requerirán que los dueños de negocios utilicen una cuenta bancaria para registrar todas las operaciones, pagar impuestos y demostrar que sus suministros se obtienen legalmente. Además, las licencias comerciales están limitadas a una por persona, para evitar la acumulación de riqueza personal, todo parte de planes para «actualizar» el modelo económico de la isla.
En contraste, el sector estatal se estancó y se descapitalizó aún más. De hecho, muchas empresas privadas comenzaron a competir con éxito contra entidades estatales, especialmente en restaurantes, bares y discotecas, hoteles, construcción y transporte. Los salarios pagados por las empresas privadas rentables a menudo superaban los salarios pagados a funcionarios del gobierno.
Las extensas regulaciones que entran en vigencia en diciembre son excesivamente burocráticas. Aprovechando una multitud de ministerios, los comités interinstitucionales nacionales, provinciales y municipales ahora estarán facultados para autorizar, inspeccionar e informar periódicamente a las empresas privadas bajo sus jurisdicciones. Las regulaciones están repletas de requisitos de rendimiento asombrosamente específicos e innumerables infracciones legales que parecen diseñadas para permitir a los funcionarios del gobierno una amplia discriminación para imponer fuertes multas (o extorsionar sobornos), suspender licencias e incluso apoderarse de propiedades.
Según unos informes de McKinsey, algunas de estas regulaciones son:
- Las guarderías deben asignar al menos dos metros cuadrados por niño, no tener más de seis niños por asistente
- Los taxistas privados deben documentar que están comprando combustible en las gasolineras del gobierno, en lugar de comprar en el mercado negro.
- Los funcionarios locales pueden denegar nuevas licencias basadas en «análisis previos», incluso si el plan de negocios propuesto cumple con todas las especificaciones y pueden fijar los precios «cuando las condiciones lo justifiquen».
Las regulaciones podrían ayudar a proteger a las empresas estatales de la competencia privada no deseada. Las autoridades cubanas han manifestado reiteradamente su interés en atraer inversión extranjera para compensar los cada vez menores ahorros internos. Sin embargo, es probable que los inversionistas extranjeros consideren que estas nuevas reglamentaciones son indicativas de una hostilidad hacia la empresa privada en general. Los inversionistas extranjeros también notarán que el gobierno cubano es bastante capaz de alterar precipitadamente las reglas del juego.
Las nuevas regulaciones dejan una cosa muy clara: el gobierno cubano, las empresas estatales y el gobernante Partido Comunista de Cuba no quieren arriesgarse a una competencia mayor para sus propios intereses. Lampadia
