Según disposición del Procurador General de la República de Brasil, la información de las confesiones de los 78 ejecutivos de Odebrecht sobre los delitos cometidos en el exterior, quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Esto dificultará las investigaciones en el Perú generará riesgos de pérdida de pruebas, elaboración de coartadas y ocultamiento de activos.
Esta decisión es muy inadecuada, sobre todo después de que los gobiernos del Partido de los Trabajadores hayan montado un esquema de penetración política y económica en los países de la región, favoreciendo a sus socios de las izquierdas locales en procesos electorales, y encargando al BNDES (banco brasileño de desarrollo) que apoyara a las corruptas constructoras brasileñas, para que lograran negocios destruyendo la institucionalidad de los países que los albergaban.
Típica actitud de los gobiernos del Brasil, todo para ellos, nada para los demás. Por ejemplo, cuando se construyó la IRSA Sur, una carretera supuestamente de integración binacional, Brasil mantuvo su economía cerrada a los productos agrícolas peruanos, como la papa. Increíblemente, los gobiernos peruanos aceptaron el despropósito sin chistar.
Pues esta vez no podemos hacer lo mismo. El gobierno peruano debe exigir al Brasil, la entrega inmediata de la información dada por los corruptores de Odebrecht. No tenemos porqué esperar hasta junio o quién sabe cuando.
Revelaciones y Secretos de Lava Jato
Sebastiao Mendonça Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia
El próximo lunes, el relator de Lava Jato, Edson Fachin, va recibir del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, las confesiones de 78 ejecutivos de Odebrecht y 320 pedidos de medidas a tomar. Son documentos extensos que ocupan diez cajas de cartón y 500 gigas de memoria.
Los 320 pedidos son diversos: 83 son inicios de investigaciones desde el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Brasil), 211 son transferencias a instancias inferiores para iniciar investigaciones a personas sin fuero privilegiado, 7 son propuestas de archivado, y 19 son medidas: bloqueos de bienes, anulación de secreto bancario, búsquedas y aprehensiones, medidas cautelares, etc.
Aunque las confesiones y denuncias no han sido aún publicadas, ya se sabe que involucran a 13 gobernadores (Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Acre, etc.) y ex gobernadores, 6 ministros del gobierno actual y más de 20 ex-ministros de Dilma y Lula, a los actuales presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y a un número aún desconocido de senadores y diputados. Aécio Neves, ex-candidato del PSDB a la presidencia, ha sido citado en las confesiones, pero el procurador Rodrigo Janot no ha encontrado motivos para incluirlo en las investigaciones.
Algunas de las investigaciones ordenadas por Rodrigo Janot son reservadas, para que los investigados no puedan destruir pruebas, pero la gran mayoría de la información se hará pública la próxima semana.
Sin embargo, los delitos cometidos en el exterior quedarán como información reservada hasta, por lo menos, el mes de junio. Estos delitos se refieren a sobornos a autoridades extranjeras, financiamiento de campañas electorales, financiamientos del BNDES (el banco brasileño de desarrollo) a dictaduras como Cuba, Venezuela, Angola, etc. Esto es lamentable pues resulta siendo una continuidad de la política del PT de ocultar las operaciones del BNDES en el exterior como si fueran secretos de estado. Las operaciones del BNDES en el exterior han sido del orden de US $14 mil millones y Odebrecht ha sido beneficiada con el 70% de los financiamientos entregados a los gobiernos amigos del PT.
Si esa información no es compartida en forma oportuna, los países afectados por los actos de corrupción de Odebrecht y del PT no contarán con la información necesaria para tomar las medidas de investigación de los casos ocurridos, y cautelar los bienes robados a sus estados. Si fuera así, los corruptos tendrían varios meses adicionales para borrar los rastros de sus acciones y ocultar los bienes obtenidos por medio de la corrupción. Lo más conveniente es que las autoridades de esos países tengan acceso inmediato a esa información, para tomar así las medidas que consideren necesarias para punir a los criminales locales y extranjeros y para proteger sus recursos. Lampadia
