Por: Alfredo Throne
El Comercio, 9 de marzo de 2020
El Comercio, 9 de marzo de 2020
El modelo económico que empezó a delinearse después de la crisis de la deuda a finales de los 80 y se consolidó con el capítulo económico de la Constitución de 1993 gatilló, a partir del 2001, más de una década de rápido crecimiento. La desaceleración que se inició en el 2014 y se hizo muy marcada el año pasado, cuando la economía solo creció a 2,2%, genera la pregunta de si los beneficios del modelo se han agotado. Muchos se han sorprendido por lo ocurrido en Chile. Se preguntan cómo es posible que en un país que avanzó tanto en la lucha contra la pobreza, y en muchas reformas sociales, hayan surgido las recientes protestas sociales.
No quisiera especular sobre por qué esto se dio en Chile y no en el Perú. Lo cierto es que una característica de nuestro modelo ha sido el surgimiento y aumento de los ingresos de las clases medias. Muchas veces anunciamos el éxito de haber sacado a cerca de diez millones de personas de la pobreza desde el 2004, pero pocas veces nos percatamos de que esas mismas personas han experimentado un crecimiento sostenido de sus ingresos (a una tasa promedio de 3,2% real desde el 2007), de que los pobres rurales han migrado hacia las ciudades y hoy gozan de un mayor acceso a la salud, educación, algunos a pensión mínima; otros logran matricular sus hijos en escuelas privadas, y muchos más han logrado acceder a un medio de transporte, privado o público.
Así, lo sorprendente de este modelo no solo fue la tasa de crecimiento del PBI, sino cómo se extendieron sus beneficios a sectores que antes no accedían a la riqueza generada –el surgimiento de los comúnmente llamados ‘clasemedieros’–. Como me decía un profesor, la sostenibilidad social del modelo económico consiste en mantener la ortodoxia en el manejo económico y ser muy liberal en política social. Y esa combinación fue implementada a través de los distintos gobiernos, lo que ha hecho al modelo relativamente popular.
No obstante, hay muchos factores que han hecho que el modelo pierda relevancia. Algunas son inherentes al mismo, como puede ser el hecho de que cada vez sea más difícil generar esa transformación de pobres a clasemedieros y sostener el aumento en sus ingresos en ausencia de vientos externos favorables. Otras se deben a cambios en la política económica, que han resultado en una excesiva tramitología, en un Estado disfuncional y un sistema tributario poco alineado con los objetivos del modelo. Reflejo de esto es el descenso o estancamiento del Perú en los principales ránkings de competitividad. Además, el abuso de algunas élites que han buscado el beneficio para su empresa o sindicato en desmedro del interés nacional también explica el descontento.
Pareciera que este equilibrio entre reforma económica, dirigida a fortalecer la productividad de nuestras empresas, y la social, orientada a asegurar que los beneficios se extiendan a la población, se ha quebrado. Algunos sectores más radicales de izquierda buscan cambiar la Constitución cuando sabemos que esa ortodoxia económica es la que nos ha permitido el rápido crecimiento. De hecho, es necesario afianzar ese entorno de mayor competencia y reducida tramitología, y alinearlo a los postulados de la libre competencia, que proponen que ninguna empresa tenga excesiva influencia en su mercado y que exista libre movilidad de factores, es decir, de trabajo y capital. Por otra parte, los sectores más alineados a la derecha consistentemente han evadido, y hasta repelido, la reforma social, ignorando que la viabilidad de ese modelo que tantos beneficios les ha traído podría mutar hacia lo que más temen: una especie de socialismo del siglo XXI.
El mal diagnóstico, que asume que el modelo ha fallado, ha hecho creer al Gobierno que la salida es el populismo económico. La ortodoxia económica se empieza a cuestionar. Paralelamente, el Estado está cediendo en su rol de árbitro en los conflictos mineros, volviéndose más concesivo a las presiones de algunos sectores que gozan de presencia política, y en su rol de promotor de la inversión privada. En contraste, la política social pasa a un segundo nivel. En vez de enfocarse en lograr una adecuada protección social (pensiones, seguros de salud y desempleo), como propusimos en la Comisión de Protección Social, y dar acceso a agua y saneamiento, educación y seguridad de calidad, se cree que mayores asignaciones presupuestales serán suficientes para que un Estado disfuncional consiga atender las necesidades de los ciudadanos.
