Durante las últimas elecciones nacionales, tan particulares en muchos aspectos, se ha desarrollado una nueva práctica política, la de ‘cooptar’ a los candidatos con exigencias y compromisos a cambio de votos. Además, por lo que estamos viendo, ésta se sigue extendiendo hacia el Presidente Electo.
Incluso se ha llegado al extremo de que algunos grupos de izquierda que dieron su apoyo electoral, exigen ahora al nuevo gobierno en formación que no vaya a gobernar según su Plan de Gobierno, sino cumpliendo los compromisos asumidos indicados.
En nuestra opinión, ésta práctica debiera prohibirse, pues aleja a los candidatos de un proceso adecuado para el establecimiento de las políticas públicas que un Estado responsable necesita llevar a cabo. En el caso de PPK, el próximo Presidente de la República, él firmó 17 compromisos pre electorales. El más pernicioso de ellos, según hemos reportado anteriormente, es el suscrito con el sindicato de Sedapal.
Ahora, antes de la asunción del mando, en la llamada ‘Cumbre de Descentralización’ en el Cusco, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE han planteado las exigencias que describimos líneas abajo.
PPK en el Cusco con las Regiones
Los gobiernos sub nacionales piden más recursos, pero antes se necesitan reformas
El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski ha recibido toda clase de pedidos de los presidentes regionales y alcaldes del Perú en su reciente viaje al Cusco. Él, a su vez, les ha propuesto una alianza, cuyo eco llegue al Congreso, para hacer las obras que el país necesita. Evidentemente tal alianza solo será posible en la medida en que el gobierno entrante acoja por lo menos parte de los planteamientos de los alcaldes y gobernadores regionales. El problema es que dichos planteamientos se centran principalmente en pedidos tales como el reinicio del proceso de descentralización fiscal y el incremento de la transferencia de dinero a las regiones y municipios del 25% (que actualmente manejan) al 50% del presupuesto nacional.
Para comenzar, esa cifra del 25% del presupuesto no es exacta. Es la que corresponde, efectivamente, al presupuesto aprobado para el 2016, pero durante la ejecución tal proporción cambia significativamente, pues, explica Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda, se incorporan saldos no gastados y se realizan transferencias. Lo que vale, entonces, es el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). “Al momento, el porcentaje del Gobierno Nacional (GN) ha bajado a 67.5%. El año pasado, el gobierno nacional terminó con un 63% del gasto Total”, explica Oliva. Lo que daría un 37% para las regiones.
Y el tema es que ese mismo porcentaje es engañoso porque incluye gastos que por naturaleza corresponden al GN, como Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, por ejemplo. Por eso, mucho más revelador es el porcentaje del gasto en Inversión. Y allí la realidad se invierte: el año pasado los gobiernos sub nacionales ejecutaron el 65% de la inversión pública, cuando hace 25 años esa cifra no pasaba del 5%. Se ha producido, pues, una descentralización muy fuerte de la obra pública.
El problema es que la obra pública descentralizada es muy deficiente. Para comenzar, se solicita más recursos, pero los que se tiene no se gastan. Según el informe “Estudio de la efectividad de la inversión pública a nivel regional y local” de la Contraloría General de la República, entre los años 2009 y 2014 el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros aspectos no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes, resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.
El informe describe otros problemas en la inversión pública sub nacional: atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. El 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.
No solo eso: la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de viabilidad por parte del SNIP no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.
El resultado de todo lo anterior es que muchas obras terminan paralizadas o carecen del mantenimiento adecuado, con lo cual se deterioran y pierden funcionalidad. Es gasto en vano.
No cabe duda, entonces que se requiere reformar el sistema de inversión pública sub-nacional. PPK propone, precisamente, la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión realizaría estudios, priorizaría los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal, los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales. Habría que conocer más en detalle de qué se trata.
Como fuere, dicha reforma tendrá que consensuarse en el Congreso con Fuerza Popular, que propone algo distinto: un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes.
Lo que no se puede hacer es sencillamente dar más recursos sin cambios estructurales, y no sólo en la inversión pública. También en los servicios públicos descentralizados, que suelen ser, asimismo, muy deficientes. En informe previo (ver en Lampadia: Empecemos a debatir la Reforma Política), explicamos los problemas y sugerimos algunas soluciones. Para comenzar, las funciones y competencias no están bien delimitadas entre los tres niveles de gobierno y no se sabe bien quién es responsable de qué: hay que hacer un buen trabajo de delimitación y redistribución de competencias. Luego, los procesos de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones no se dieron, de modo que habría que hacer un nuevo proceso de recertificación y a partir de allí identificar brechas. Pero lo más grave fue que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República). Es indispensable recuperar esa capacidad rectora, supervisora, controladora y sancionadora. De lo contrario, el país se feudaliza y corremos el riesgo de enriquecer y facilitar el acceso de mafias al poder local o regional, como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en varios casos.
Un sector que ha logrado recuperar cierto grado de autoridad sobre la aplicación descentralizada de las políticas y el seguimiento y monitoreo manejo de los servicios públicos sectoriales, ha sido el Ministerio de Salud, y sus avances podrían servir de modelo para otros sectores. En un próximo informe daremos cuenta de esos desarrollos a fin de ilustrar las reformas que podrían introducirse para mejorar la eficiencia de los gobiernos descentralizados.
Lampadia
