La semana pasada estuvo en Lima el líder liberal César Gaviria, presidente colombiano entre 1990 y 1994, y dos veces secretario general de la OEA. Llegó invitado por Mike Reid a un evento organizado por “The Economist” para reflexionar sobre los desafíos para sostener el crecimiento económico y social de la última década.
Para Reid, uno de los más importantes desafíos es el institucional. Revertir la debilidad de nuestros partidos políticos, la pobreza y precariedad de la educación y la salud pública, y las deficientes condiciones de la seguridad y la justicia son requisitos fundamentales para incrementar nuestra productividad económica y competitividad internacional.
En una brillante y elocuente exposición, el ex presidente Gaviria sostuvo que los logros de Colombia en seguridad fueron resultado de la decisión de sucesivos gobiernos de enfrentar la violencia y el crimen con instituciones profesionales.
Dotarse de ellas no fue fácil, ni rápido, ni barato. Su policía, por ejemplo, que hoy es un referente no solo regional sino global, adolecía hace veinte años de gravísimos problemas de corrupción y legitimidad. La reforma policial iniciada durante su gobierno comenzó con una radical depuración.
La constitución de un servicio de inteligencia sobre bases nuevas también fue decisiva, tanto para la depuración permanente de los malos elementos, como para recuperar el país de manos de las FARC y otras amenazas criminales. Los logros no hubieran sido posibles sin el desarrollo simultáneo de una fiscalía y un Poder Judicial con altos niveles de integridad y competencia profesional.
¿Cómo lograr instituciones profesionales en seguridad y justicia? Primero, con compromiso político al más alto nivel. Segundo, con gran esfuerzo presupuestal y gestión transparente de recursos. Pocos saben que por cada dólar de los estadounidenses en el Plan Colombia, el país puso 9. Tercero, con reglas meritocráticas para seleccionar, formar y promocionar personal, acompañadas de eficaces mecanismos de control disciplinario, que excluyan toda injerencia indebida.
Esa fue la apuesta de Colombia. La envergadura de la doble amenaza del terrorismo y el narcotráfico la obligó a un monumental esfuerzo de transformaciones institucionales. No fue lo que ocurrió en la mayoría de países latinoamericanos, que vieron crecer sus índices criminales a la par de sus indicadores económicos y sociales.
El error de algunos, como el Perú, fue creer que el crecimiento se encargaría de resolver los problemas de seguridad. El de otros, como Venezuela, que el socialismo del siglo XXI acabaría con la delincuencia. La gran lección de esta década es que para enfrentar el delito no hay sustituto para una inteligente política de seguridad, sostenida en instituciones profesionales.
Pero para Gaviria esto no basta, en tanto no se encare de manera distinta el problema de las drogas ilícitas, que a pesar de todos los esfuerzos siguen fluyendo de sur a norte para satisfacer la demanda existente, con su inevitable secuela de corrupción y violencia. Sostuvo, por ello, que lo más sensato sería regular su producción, comercio y consumo, en lugar de criminalizarlo.
