Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia
La pregunta que cae de madura luego de que se hizo pública la demanda de ODEBRECHT contra el Estado Peruano por 1,200 millones de dólares es, ¿quién pagará esa cuenta?
Siempre somos todos los peruanos a través de nuestros impuestos directos, nuestro consumo (impuestos indirectos) y el perro muerto que el Estado hace de sus deudas con empresas y ciudadanos, quienes pagamos estas cuentas que alegremente asumen gobernantes y autoridades. Cada uno de los 32 millones de peruanos deberá agregar a su cuenta aproximadamente US$ 37.00 per cápita.
¿Siempre tiene que ser así?
- ¿No es hora de cambiar y buscar a los verdaderos responsables, para que sean ellos los que asuman estas cuentas y no todos los peruanos?
- ¿No sería lógico que gobernantes, autoridades y funcionarios sean responsables de sus actos y asuman con su peculio las decisiones que adoptan y los perjuicios que le causan al Estado?
- ¿No sería conveniente pensar en nuevos mecanismos legales de responsabilidad administrativa y civil que, por encima y más allá del show mediático de los procesos penales, los fiscales y las prisiones preventivas vaya a buscar responsabilidades efectivas y reparaciones concretas?
- ¿No sería este un primer paso para cambiar la forma artera, irresponsable y demagógica en que se ejerce la política en nuestro país?
- ¿No debiera ser esta la primera reforma política que permita ejercer la función pública con seriedad?
Pienso que sí.
Que el ejercicio de la función pública, de la labor legislativa, de la función ejecutiva o de la función municipal o regional debiera estar garantizada por hipotecas, avales, fianzas, cartas de garantía bancaria o por lo menos cauciones juratorias de bienes, para que cada autoridad, gobernante o funcionario que ejerza un cargo, cuando pretenda embarcarnos en obras faraónicas, construcciones sobrevaluadas o hechos de similar naturaleza, vea como sus bienes e ingresos se ponen en peligro. Tal vez esto podría ser disuasivo para gobernantes populistas, dispendiosos y derrochadores. Al fin y al cabo, por mucho menos en juego, se exige a contratistas o prestatarios garantías de este tipo. Resulta razonable empezar a exigirlo a quienes manejan el erario nacional y las finanzas en ministerios, gobiernos regionales o municipalidades.
¿Sin embargo, en tanto esto se dé, que hacemos con la cuenta de ODEBRECHT?
Habría que individualizar a sus responsables y hacer que asuman, si no es posible las garantías propuestas, por lo menos las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que correspondan, por haber permitido algo tan obvio: que ODEBRECHT, encima de haber corrompido a la estructura política del país, de haber cobrado al Estado, de no haber pagado la reparación civil, ahora nos demande y nos exija pagar 1,200 millones de dólares, adicionales a los 400 millones ya demandados por ENAGAS, por el mismo proyecto.
Aquí una lista de los responsables más obvios:
- En primer lugar, la familia Humala, responsable de haber virado la política peruana para hipotecarnos al mercantilismo brasileño que financió su llegada al poder.
- En segundo lugar, los acólitos del Cartel de Sao Paulo, mal llamado Foro de Sao Paulo, que han seguido las encíclicas políticas de Lula y han avalado la colonización brasilera al costo más alto de nuestra historia republicana. ¿No sabe usted quienes son esos acólitos en el Perú?, los señores Arana, Santos, Mendoza, Cerrón, Glave, Villarán, entre otros.
- En tercer lugar, PPK, quien lejos de encontrar una salida inteligente a este problema, canceló el proyecto, dando el pretexto necesario para una demanda como la que se ha planteado contra el Perú.
- En cuarto lugar el presidente Vizcarra y todo su gobierno, que en lugar de defender los intereses del Estado Peruano y contratar una defensa de talla que negocie un acuerdo integral con ODEBRECHT considerando todas las variables en juego, prefirió y alentó que la negociación con ODEBRECHT se subordine al criterio e interés de dos fiscales neófitos en materia constitucional y sin ninguna experiencia en el manejo de conflictos financieros de esta envergadura, que dejaron pasar lo obvio que cualquier negociador de conflictos con algún oficio hubiera exigido: todo lo que pides siempre y cuando quede cerrada la contingencia de una demanda judicial millonaria como la que enfrentamos.
- En quinto lugar y tal vez antes que todos, el MINISTERIO PUBLICO, que, en su afán de ganar titulares, redujo el conflicto a las colaboraciones eficaces para conseguir nuevos nombres a quienes perseguir, denunciar y encarcelar, dejando pasar lo obvio. Y aquí hay nombres propios: la Fiscal de la Nación, los fiscales Vela y Pérez y los que han validado todo este despropósito.
- Los congresistas y los aliados del gobierno en ONGs que defendieron el acuerdo, tildando de fujiapristas, naranjas y corruptos a los otros congresistas que cuestionaron los acuerdos con ODEBRECHT y a todos quienes advertimos de la corrupción que quedaba escondida detrás del ruido anticorrupción (Lampadia 2019).
- La prensa bien pauteada por el gobierno y las encuestadoras que dieron insumos a la medida de las necesidades de las campañas mediáticas de aquella.
- Los miles de peruanos que en su afán de dignificarse denostando a fujimoristas y apristas se prestaron con sus likes, sus tweets, sus posts y sus historias a convertir en héroes a un par de fiscales no importa que en su afán de protagonismo entregaban en bandeja la posición jurídica del Estado peruano frente a ODEBRECHT.
Todos ellos deberán pagar esas cuentas, si no es con su peculio, con sus renuncias, sus destituciones, la suspensión de sus vergonzosos contratos de publicidad o por lo menos el escarnio de ser los cómplices de una de las felonías más grande al Perú.
El Presidente Vizcarra, al igual que sus aliados, no tendrá ante la historia, los atenuantes que el presidente Balta tuvo con sus ferrocarriles por el oneroso Contrato Dreyfuss, ni la justificación de reconstruir el país que tuvo Andrés A. Cáceres ante el polémico contrato Grace. Vizcarra sólo podrá decir que negoció en contra del Perú para llevar a la cárcel a sus adversarios políticos. Una razón que tal vez le otorgue el aplauso efímero del presente, pero que no lo libera de asumir su cuenta, por lo menos ante el implacable cobro de la historia. Lampadia
