Por Pedro Olaechea, Congresista de la República
El Comercio, 13 de marzo de 2018
Tras el escándalo de corrupción que ha involucrado a los cuatro últimos gobiernos, se han comenzado a poner en duda varias de las maneras en las que el Perú otorgó licitaciones en los últimos años para realizar obras en todo el país.
Una de las modalidades más atacadas han sido –de lejos– las asociaciones público-privadas (APP). Un grupo de críticos las señala como corruptas porque involucran a las empresas privadas, e incluso a veces mencionan que sería preferible que el Estado solo ejecute obras públicas.
Estos críticos se olvidan de un dato sumamente importante. Los ex funcionarios Edwin Luyo y Jorge Cuba, del segundo gobierno de Alan García, fueron los primeros en ser señalados por recibir coimas de Odebrecht. Y no por una APP, sino por una obra pública: la línea 1 del metro de Lima. Se los acusa de recibir US$7 millones a cambio de dar la obra a la constructora brasileña.
¿Qué podemos hacer? ¿Estamos condenados a no poder realizar las obras que necesita el Perú? ¿Cómo atacamos el problema de raíz? Comencemos por el principio, con la capacidad de crédito del Estado Peruano. Aquí reposa el monstruo.
A diferencia de una APP, el dinero para construir una obra pública no viene del privado, sino del Estado. Para la línea 1 del metro, el Perú se endeudó, en el 2009, con la Cooperación Andina de Fomento (CAF) por un monto de US$300 millones.
El Perú es un sujeto de crédito envidiable. Su firma es sumamente valiosa y le otorga acceso a todo tipo de créditos: de bancos, de proveedores e incluso del Estado mismo. Le abría las puertas al sueño de muchos inescrupulosos: trabajar con el dinero de otros, con nuestro dinero.
Una vez que la firma del Gobierno Peruano estaba en un contrato, comenzaba el partido. Estas constructoras establecieron un sistema en el que extorsionaban a sus empresas proveedoras exigiéndoles plazos desproporcionados y precios bajísimos por sus servicios. Las empresas consorciadas eran forzadas a coludirse. Para estas últimas, era eso o no sobrevivir. Si decidían no prestarse al juego, no les quedaban muchas alternativas de trabajo. Hoy, son este tipo de empresas las que se encuentran al borde de la quiebra y se ha comenzado a poner en riesgo la cadena de pagos en el país.
Mientras esto ocurría, el gobierno de turno observaba. Les pagaba de forma puntual a los delincuentes, que trabajaban con nuestro dinero, utilizando la capacidad de crédito del Perú. Nos endeudamos para pagar las obras y ellos nos robaron.
¿Qué nos robaron? Décadas de esfuerzo, de pagar impuestos, de tener un Estado prudente con sus gastos. Nos robaron los sacrificios que realizamos para lograr reducir nuestros índices de pobreza de manera histórica. Nos robaron nuestra reputación, que venía siendo construida con tesón y sacrificio. Y encima robaron y corrompieron nuestras empresas (que quede claro: a estas no las eximimos de responsabilidad. Ya tendrán que responder también por sus flaquezas).
Concentrémonos por un momento en una pregunta clave: ¿gracias a quién ocurrió esto? Gracias a funcionarios que vendieron al Perú. Que fueran obras públicas, APP u otra modalidad es inconsecuente. Esto solo podía pasar si se conseguía el contrato. Una vez que se tenía esta ‘licencia’, se comenzaba a corromper, a extorsionar a pequeños empresarios en necesidad de actividad económica, a dar coimas.
Así, llegamos al corazón del mal: el poder absoluto del gobernante de turno y las reglas que aplicaba para beneficiar a sus favoritos.
No nos confundamos, entonces. La corrupción se anida en el poder de decisión de funcionarios con tendencias mesiánicas y poca moral. Es así que “Perú, progreso para todos” se convirtió en “Perú, botín para mis amigos”.
Pero queda la pregunta: ¿Alguna vez existió algún proceso que diera resultados y reflejara limpieza y transparencia en la obra pública? ¡Sí! Se denominó Cepri (comités especiales de privatización).
¿Por qué? Había dos grandes requisitos para postular a estos comités. Primero, que haya predictibilidad en el proceso y, más importante aun, independencia de cualquier influencia del poder de turno en cambiar las condiciones del primer requisito. Eran privados quienes realizaban un estudio bancable de cuánto valían esos proyectos y salían a ofrecerlos al mundo.
Quien vivió la época ¿no quedó boquiabierto cuando el Estado vendió la Compañía Peruana de Teléfonos a Telefónica por US$2 mil millones? Y a esto le siguieron una serie de obras y privatizaciones que jamás fueron cuestionadas.
Si este proceso funcionaba tan bien, ¿por qué se cambió? No he podido encontrar alguna explicación formal. Sin embargo, Lima es una ciudad de chismes y leyendas, y la versión que se conoce dice así: algunos políticos consideraron que una comisión de 3% era mucho para los bancos de inversión.
¿Qué le parece, mi estimado lector? ¿Cuál viene siendo el costo de la corrupción en el sistema actual?
