Charo Camprubí
Desde España
Para Lampadia
La Sala Segunda del Tribunal Supremo acaba de hacer pública una sentencia, unánime, sobre nueve de los líderes independentistas responsables del referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre de 2017 y de la Declaración Unilateral de Independencia. Dicha sentencia es un varapalo para la fiscalía general del Estado que los había encausado por el delito de rebelión, ya que la rebelión queda descartada por completo.
Esa era la pesadilla de los encausados porque les podía caer hasta 25 años de cárcel. El temido supuesto no se produjo. Perdieron los halcones. Los jueces se sumaron a las tesis de la Abogacía General del Estado que defendía la sedición, cuya pena máxima es de 15 años de cárcel y que supone un levantamiento tumultuario contra el orden público, no un levantamiento violento contra la Constitución como en la rebelión. Sedición pues, aunque la sentencia reconoce que hubo violencia en dos ocasiones, pero esta habría tenido por objeto presionar al Estado para negociar no para subvertir de forma definitiva el orden constitucional. Malversación también, aunque no para todos. Además, todos quedan inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.
La segunda pesadilla para los presos era que las penas fuesen de dos dígitos y varias lo han sido. Son penas severas, superiores a las solicitadas por la Abogacía del Estado. Oscilan entre 9 y 13 años de cárcel. El que se lleva la peor parte es Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Esquerra Republicana, por su destacado papel en el proceso independentista. Lo siguen Romera, Turell y Basse con 12 años; la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, con más de 11 años; Forn y Rull con más de 10 años y Sánchez y Cuixart con 9 años. Otros tres acusados no tendrán que ingresar en prisión, pero fueron multados por desobediencia.
Para los presos esas penas suponen un golpe muy duro. Junqueras ha acusado al Estado de “moverse por venganza”. Pero lo cierto es que fue decisivo para que Puigdemont cambiara de parecer y lanzara la Declaración Unilateral de Independencia cuando parecía estar dispuesto ha aceptar la propuesta de solucionar la crisis convocando elecciones. Su responsabilidad es pues muy grande.
La sentencia será recurrida ante el Tribunal Constitucional español y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque este último solo puede ver si se respetaron los derechos de los acusados. El juicio duró cuatro meses. Se llevó a cabo con todas las garantías y con total transparencia ya que sus sesiones fueron transmitidas en directo por la televisión.
También será recurrida por Vox, el partido ultraderechista que ejerció de Acusación Popular durante el juicio y que solo admite el delito de rebelión. Los otros dos partidos de la derecha española, el Partido Popular y Ciudadanos, acatan la sentencia, aunque en el pasado defendieron a capa y espada la calificación de rebelión. “El que la hace la paga” dijo Casado, líder del Partido Popular, al conocer la sentencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que el gobierno acata la sentencia y que ese acatamiento significa el cumplimiento íntegro de las penas. Distinta es la posición del líder de Podemos, Iglesias, que considera la sentencia “injusta” y no entiende “la dureza de las palabras de Sánchez sobre el cumplimiento íntegro de las penas”. Es decir, que, si hubieran gobernado juntos, el gobierno ya estaría en crisis.
Para el presidente de la Generalitat de Cataluña “la sentencia es un insulto a la democracia”. En realidad, se esperaba que el impacto de la sentencia fuese potente y que los independentistas catalanes llevasen a cabo actos de desobediencia civil como manifestaciones o cortes de carreteras, y es el caso. Es más, anoche trataron de tomar el aeropuerto de Barcelona. Pero nadie quiere que el autogobierno catalán sea intervenido por la vía del artículo 155 de la Constitución. Sánchez modulará su respuesta a los actos de desobediencia civil en función de la amplitud de los mismos. De cómo gestione Sánchez la situación post-sentencia en Cataluña depende en gran parte el resultado electoral de los comicios del 10 noviembre. En ese sentido, el solapamiento de ambos acontecimientos no podía ser peor ya que la campaña electoral lo desvirtúa todo.
Los presos intentarán, como es lógico, salir de la cárcel lo antes posible. En Cataluña piden una amnistía imposible de llevar a cabo porque no figura en el ordenamiento jurídico español. Solo cabe el indulto (al que Sánchez nunca se ha negado explícitamente) pero, al menos por el momento, no van por ahí los tiros. Les queda aferrarse a beneficios penitenciarios que también están regulados por la ley. En cuanto a Puigdemont, España solicita nuevamente a Bélgica su extradición, solo que esta vez ya hay una condena firme por sedición y Bélgica podría extraditarlo.
La sentencia niega que exista el “derecho a decidir” ya que no figura ni en la Constitución española ni en las Constituciones europeas y considera que los líderes independentistas eran “conscientes de que su propósito era sólo una quimera”. La intentona ha terminado. Se abre una nueva fase. Lampadia
