Por: Juan Paredes Castro
El Comercio, 5 de agosto de 2018
El presidente Martín Vizcarra podría no ser el hombre mejor informado del país, pero no puede ignorar absolutamente nada que dentro del Estado pudiera afectarlo directamente.
Los mecanismos precisamente de Estado, incluidos los de inteligencia, tienen que procesar datos, análisis y alertas para evitar que quien tiene las riendas del país en sus manos no sea el último en saber de aquello que podría manchar su imagen o incluso poner en peligro su vida.
¿Por qué Vizcarra tendría que estar desmintiendo y aclarando por Twitter referencias a su persona en voces de personajes comprometidos con la corrupción judicial, voces registradas en audios que corresponden a interceptaciones legales autorizadas policial, fiscal y judicialmente, en el marco del seguimiento a una organización criminal del Callao?
Quienes antes de la difusión de estos audios no solo conocían su contendido al detalle sino que además los habían clasificado y jerarquizado por su importancia y sus interconexiones con la magistratura judicial, ¿acaso no sabían que en tales audios había referencias al presidente Vizcarra, seguramente fanfarronas e intrascendentes, pero que él tendría que haber conocido antes que nadie a través de las más altas instancias fiscales y judiciales?
A estas alturas, Vizcarra ya hubiera sabido anticipadamente qué hacer y qué no hacer, dentro de la ley.
No es que la fiscalía y el Poder Judicial tengan que tapar o encubrir actos presidenciales reñidos con la ley y la Constitución, o pasar al ocultamiento de otros que los mismos órganos juzguen intrascendentes.
El presidente no puede ignorar asuntos que lo tocan directamente viniendo de una interceptación legal de teléfonos a cargo de la Policía Nacional y bajo supervisión fiscal y judicial.
Tampoco se trata de culpar de esta desinformación presidencial a los medios a los que se han filtrado esos audios y están ejerciendo su derecho a difundirlos al amparo de la libertad de prensa y del interés público.
Los actos propios del Estado no se pueden escudar en los mensajeros (los medios), lo que no quiere decir que estos (los mensajeros) no tengan su propia responsabilidad de rigor periodístico.
Los ‘vladivideos’ nos abrieron los ojos sobre los tenebrosos años del 90 al 2000. Los ‘petroaudios’ arrancaron la renuncia de Jorge del Castillo y su Gabinete el 2008. Y el cogobierno de Humala-Heredia, del que muchos hacen la vista gorda, puso a los servicios de inteligencia a reglar los movimientos de políticos y periodistas. La primera ministra de entonces, Ana Jara, prometió investigar este seguimiento, y nada más.
Y ya nadie recuerda los audios de la contraloría sobre Chinchero y los otros que con Mamani y Giuffra pusieron fin al gobierno de Kuczynski.Vizcarra pudiera no tener quien le escriba, como el coronel de una de las historias de García Márquez.
De lo que no puede carecer es de quien tiene que informarle, no del chismorreo cotidiano, sino de lo que él y nadie más que él debe saber privilegiadamente antes que otro, por ser quien es: el presidente.
