Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
La pésima estructura política de la descentralización lleva largos años dañando la salud de la nación y postergando el bienestar de los ciudadanos y empresas a lo largo y ancho del país.
En buena medida, los gobiernos regionales y locales se han hecho notorios por su incapacidad administrativa, su falta de sintonía con los intereses de la población y por una frecuente presencia de corrupción.
Esto no es casualidad. Se debe al pésimo diseño de la descentralización, que desarticuló el país y feudalizó la gestión pública. Se establecieron espacios de gobierno sin conexión con el gobierno central en la gestión. Las relaciones entre unos y otros se refieren a las transferencias de recursos, pero no al proceso de toma de decisiones o gobierno. Los gobiernos regionales y locales son en esencia espacios autónomos de gestión, que rompen la naturaleza unitaria de la República, establecida por la Constitución.
Los principales errores de diseño de la descentralización son:
Autonomías de gestión
Los gobernantes regionales y locales tienen poder absoluto para tomar decisiones, puesto que cuentan, por ley, con mayorías en sus cuerpos de gobierno (los locales), sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia y no se les exige una adecuada rendición de cuentas.
Por ello es que, en muchísimas ocasiones, sus gobiernos se muestran abusivos, arbitrarios y corruptos.
Formación de mayorías
Con el afán de facilitar la toma de decisiones de los gobiernos locales, el triunfador de las elecciones municipales, así gane con una proporción pequeña de los votos de la población, tiene derecho a contar con la mayoría de los regidores.
Por lo tanto, en la gran mayor parte de dichos gobiernos terminamos con minorías que no tienen una adecuada representación ciudadana, controlando los espacios de gobierno.
Ausencia de segundas instancias
Las decisiones de las autoridades regionales son prácticamente incontrastables. Sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia, una institución primordial de las democracias.
Esto abunda en el abuso, y hasta en las extorsiones que las autoridades practican corrientemente. La única manera de cuestionar una decisión es recurrir al espacio judicial, que como sabemos no es funcional a procesos de gestión dinámicos.
Falta de mecanismos de rendición de cuentas
Los gobiernos regionales y locales tampoco están sujetos a buenos mecanismos de rendición de cuentas. Algo que en la práctica les permite tomar decisiones caprichosas e interesadas, ejercer en ambientes clientelistas y recurrir impunemente a la corrupción.
En esencia, las autoridades regionales y locales tienen exceso de poder. No nos olvidemos de la máxima que dice que: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.
En general, los gobiernos deben estar al servicio de los ciudadanos y empresas, facilitar el trabajo y la inversión, y velar por el progreso y el bienestar general. Pero con las reglas que imperan en el Perú, estos gobiernos se convierten, en gran medida, en plataformas de gestión de intereses económicos y políticos.
En resumen, podemos decir que el país está fracturado y sujeto a decisiones de gobierno disfuncionales, que perjudican el desarrollo de la vida de los ciudadanos y las empresas.
Es hora de poner este tema en la agenda nacional y de enfrentar a los futuros postulantes al ejecutivo y al congreso, con la necesidad de hacer definiciones al respecto. Lampadia
