Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 13 de agosto de 2016
El mes pasado se destapó que la ex directora de la gendarmería chilena, la fuerza penitenciaria del país, estaba recibiendo una jubilación de alrededor de US$8.000 por mes. Cuando se aprobó en 1980 la reforma de pensiones que creó el sistema privado, se mantuvieron en el viejo sistema público las Fuerzas Armadas y algunas fuerzas del orden (como la gendarmería).
A pesar de que el abuso se dio dentro de un sistema de reparto a la antigua que beneficia a una minoría de chilenos y que la beneficiada en este caso fue militante socialista y ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados (y también socialista), se usó el caso para atacar al sistema privado al que casi todos los trabajadores chilenos están afiliados. La izquierda declaró que las cuentas privadas manejadas por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) otorgan jubilaciones bajas, lo cual indignó a muchos chilenos al ver que las AFP no pagan el nivel de pensión que vieron en el publicitado caso.
En poco tiempo se organizaron marchas de cientos de miles de personas en todo el país bajo el lema “No + AFP” demandando el retorno al viejo sistema estatal de reparto. La presidenta Bachelet esta semana anunció una serie de reformas que le darían al Estado un mayor papel.
Lo impresionante es que la campaña en contra del sistema privado de pensiones se apoya en mentiras, falsedades y distorsiones. El caso chileno importa porque es el modelo que ha inspirado a reformas en docenas de países alrededor del mundo, desde Suecia a Hong Kong y desde el Perú a Polonia. Para evitar caer en la demagogia, es importante contraponer los hechos a las críticas mal fundadas, cosa que ni las AFP chilenas ni las peruanas hacen bien.
Se dice en Chile que el promedio de las pensiones que proveen las AFP es alrededor de US$340, lo cual no es mejor que el sistema de reparto. Pero como ha mostrado el instituto Libertad y Desarrollo (LyD), eso es comparar peras con manzanas. Para calcular la cifra de las AFP se toma en cuenta a todos los afiliados, incluso si solo han cotizado una sola vez en sus vidas. El cálculo correspondiente al sistema público, sin embargo, solo toma en cuenta las pensiones de quienes han cotizado un mínimo de 10 a 15 años, cosa que deja de lado a la mitad de los cotizantes. Además, la pensión bajo el sistema privado se obtiene con 10% de cotización mientras que en el público es 20%. Al corregir estas distorsiones, se encuentra que las AFP otorgan pensiones con un valor tres veces superior a las del sistema de reparto.
Para evaluar el sistema privado, se tiene que tomar en cuenta su desempeño respecto a quienes han cotizado de manera regular. Según datos de la AFP Habitat, la pensión promedio de quienes han cotizado más de 30 años es de casi US$1.000 para hombres y más de US$500 para las mujeres. Y si bien existe demasiada informalidad y precariedad en la obtención del trabajo –por lo que muchos chilenos no llegan a cotizar con mayor frecuencia– es un problema que afecta a cualquier sistema de pensiones, sea público o privado, y que solo se resuelve con reformas laborales.
Tampoco es verdad que el Estado no tiene ningún papel en las jubilaciones o que las AFP les roban a sus clientes. Como nos recuerda LyD, desde el principio el Estado ha aportado una pensión para quienes no hayan podido ahorrar un monto mínimo. Y las comisiones que cobran las AFP equivalen al 0,6% de los fondos administrados, por debajo del promedio de los países de la OCDE.
Siempre se puede mejorar el sistema de las AFP, pero la realidad es que ha sido extremadamente exitoso. Las cuentas privadas han producido durante 35 años una rentabilidad promedio de 8% anual y la jubilación ya no representa un fardo para el fisco. Los ahorros previsionales han alcanzado US$168.000 millones, alrededor del 70% del PBI, lo cual ha impulsado el alto crecimiento económico y la inversión doméstica, convirtiendo a Chile en un país casi desarrollado.
Como dice José Piñera, el arquitecto del sistema privado, retornar a un sistema de reparto sería expropiar a 10 millones de chilenos al peor estilo kirchnerista. Si Chile va en esa dirección, sabremos que no habrá sido una decisión basada en los méritos.
Lampadia
