En la comunidad empresarial se suele pensar que el 2016 está asegurado: los cuatro candidatos con mayor opción –Keiko Fujimori, PPK, Alan García y Alejandro Toledo– apoyan “el modelo”. Incluso hay quienes aseguran que los peruanos se han modernizado y que los políticos no se han dado cuenta. Lamentablemente, no es cierto. Muchos peruanos se han modernizado en su condición de consumidores, pero no en la de ciudadanos.
Las series de encuestas sobre actitudes hacia la empresa privada revelan que sigue habiendo alrededor de un tercio del electorado que cree en el intervencionismo estatal. Según un estudio reciente de Ipsos efectuado por encargo de Apoyo Consultoría, el 26% quisiera vivir en una sociedad donde la mayor parte de las empresas sean estatales; el 29% prefiere la inversión estatal a la privada nacional o extranjera; el 34% cree que es mejor controlar a las empresas privadas antes que promover la inversión y generar empleo; y el 36% quisiera que los precios sean determinados por las autoridades y no por el mercado. Hace cinco años, los resultados eran muy similares.
La desconfianza de un sector de la población hacia el modelo económico de mercado se siente poco en la actualidad porque la economía ha venido creciendo aceleradamente por más de una década, con su consiguiente impacto favorable en empleo y bienestar. Eso ha hecho que las principales preocupaciones de la ciudadanía ya no sean el desempleo y la pobreza –que fueron los temas en las elecciones del 2001 y del 2006–, sino la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, si el enfriamiento económico se prolonga, la población volverá los ojos hacia la economía y se agitará nuevamente el debate sobre si el estancamiento se debe a las trabas impuestas desde el Estado o a las limitaciones del modelo, como se acusará desde la izquierda.
Como se sabe, el 32% del electorado votó por el presidente Ollanta Humala en la primera vuelta del 2011 por una mezcla de razones entre las que estaba la expectativa de que mejorase la seguridad ciudadana y combatiese la corrupción, pero también que hiciera un giro a la izquierda en la conducción de la economía. Esto no ocurrió porque tanto el presidente como su influyente esposa se convencieron de que era preferible seguir la hoja de ruta a persistir en la gran transformación que los iba a conducir rápidamente al “gran estancamiento”, pero eso no quiere decir que su electorado haya tenido la misma evolución. Ese electorado está ahora a la búsqueda de otro candidato que lo interprete.
En los últimos años, la defensa de las ideas liberales se ha dado sobre todo en las páginas editoriales de diarios como El Comercio, en programas de televisión por cable y en portales por internet, pero este encomiable esfuerzo ha tenido un alcance limitado porque quienes siguen creyendo en el intervencionismo y en el populismo estatal se encuentran en su mayor parte en los sectores populares, que tienen un acceso limitado a esos medios y poco interés en el debate ideológico.
Una gran tarea pendiente es educar a la población en economía básica; en conceptos como eficiencia, ventajas competitivas e incluso la ley de la oferta y la demanda. Un sector
muy amplio de la población sigue creyendo que las transacciones son un juego de “suma cero”. Es decir, que si una empresa gana utilidades es a costa de un mayor precio a los consumidores; y que la única manera en que un servicio sea gratuito o a un precio reducido es que sea proveído por el Estado.
Una salida novedosa a la arraigada polarización entre empresa privada cara y servicio público barato o gratuito son las alianzas público privadas (APP). Mediante este mecanismo, empresas privadas se ocupan de la gestión de servicios públicos bajo la supervisión y el financiamiento total o parcial del Estado. Las APP pueden ser el camino para acelerar el avance del país en infraestructura, educación y salud. El desarrollo de las APP tendría, además, la virtud de reducir la polarización público-privada y reducir el riesgo
de un retorno a un estatismo ineficiente y controlista.
La carrera del 2016 puede decidirse entre los cuatro candidatos más conocidos o entre ellos y una quinta opción. Todos ofrecerán combatir la delincuencia y la corrupción, mejorar la educación y la salud. La diferencia puede estar en el enfoque económico. Si la economía se recupera y mejoran los servicios públicos con la ayuda de las APP, el modelo económico no estará en debate. Si ocurre lo contrario, podría arremeter por los palos un quinto en peligro lo avanzado en las últimas dos décadas.
