Alfredo Torres, Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 6 de agosto de 2017
Uno de los objetivos nacionales que suscitan mayor apoyo es elevar la calidad de la educación. Por debajo de ese aparente consenso, sin embargo, lo que viene ocurriendo es una confrontación de intereses e ideologías –soterrada en unos casos, violenta en otros– donde los escolares son las víctimas inocentes de la batalla. Lo complejo de esta conflagración es que el Minedu se encuentra, en realidad, entre dos fuegos: entre los defensores del statu quo y los extremistas que quieren tumbarse el sistema.
Los defensores del statu quo conforman una confusa coalición de intereses mercantilistas y ultraconservadores. Los primeros quieren defender la cultura ‘combi’ en la educación escolar y universitaria, es decir, su derecho a manejar sus negocios educativos como les dé la gana. Los segundos combaten el enfoque de género, que hoy es tendencia en el mundo occidental, con un fanatismo propio de otra época. Unos y otros tienen representantes en el Congreso, la prensa y las redes sociales. Estos dos grupos fueron los mayores promotores de la injustificada censura al ex ministro Jaime Saavedra y son también los primeros en salir a criticar con cualquier pretexto a la ministra Marilú Martens.
Los extremistas que quieren tumbarse el sistema conforman también una amalgama de diversas variantes del marxismo-leninismo. Van desde el grupo maoísta Puca Llacta, que fundó el Conare –para combatir a la dirigencia nacional del Sutep –, hasta el Movadef, el organismo de fachada de Sendero Luminoso. Según Alfredo Velásquez, secretario general del Sutep, los grupos que han convocado la huelga magisterial y que han llevado a cabo actos vandálicos tienen un objetivo político y es posicionarse con miras al proceso electoral del próximo año. Pero lo cierto es que también tienen intereses –tomar el control de la Derrama Magisterial, el fondo financiero de los maestros– y objetivos ideológicos de mayor alcance: acabar con el sistema político y económico que hoy rige en el país.
Coincidentemente, ambos extremos han coincidido esta semana en pedir la renuncia de la ministra Martens. Los primeros, a raíz de una patraña según la cual la ministra había intentado favorecer a su hijo para que reciba la Beca 18 cuando los hechos, ocurridos hace 3 años, reflejaban todo lo contrario: su hijo de 26 años había sido admitido a una maestría en Harvard y, como es natural, postuló a varias becas, entre ellas la beca Presidente de la República. El hecho de que fuese descalificado al declarar con transparencia sus ingresos familiares, siendo su madre asesora ministerial, es prueba del comportamiento ético de ambos y pone en evidencia la mala intención de quienes aprovecharon la noticia falsa para atacar a la ministra.
El caso de la huelga magisterial es más grave porque ha dejado sin educación por varias semanas a miles de escolares y ha afectado con actos violentos la actividad económica en el sur del país. La huelga en el Cusco, por ejemplo, empezó poco antes del Inti Raymi y sus medidas de fuerza incluyeron toma de carreteras y retiro de rieles del ferrocarril en las semanas de mayor actividad turística en esa región. También atacaron varios aeropuertos con el mismo propósito.
Nadie discute que los sueldos de los maestros deben mejorar, pero también es cierto que vienen mejorando. Según cálculos de Hugo Ñopo, investigador en Grade, sus sueldos a precios constantes equivalen hoy a menos de la mitad que en los años sesenta, pero también a más del doble que a fines de los ochenta. La caída del salario real de los maestros empezó con la crisis económica que generó Juan Velasco en los años setenta y se agudizó con la hiperinflación de Alan García en los ochenta. Su recuperación empieza en los noventa y se acelera en los últimos 15 años gracias al crecimiento económico del país.
Los gobernadores regionales, que al inicio reaccionaron medrosamente a la huelga, han dado un gran paso al suscribir con el Gobierno Nacional una serie de acuerdos en beneficio de los maestros y el compromiso de descontarles el sueldo a quienes no trabajen a partir de mañana, como debió ser desde un principio. Los líderes extremistas que encabezan la paralización insistirán en continuarla, pero, con el tiempo, la huelga se quebrará.
Lo que falta ahora es un gran compromiso nacional por continuar subiendo el sueldo real de los maestros en función del crecimiento de la economía. Los gobernadores tienen una estupenda oportunidad de sumarse a esa causa fomentando inversiones en sus regiones que permitan el crecimiento del PBI y de los recursos fiscales como, por ejemplo, grandes proyectos mineros. El extremismo antiinversión perjudica directamente no solo a los maestros sino también a otros servidores públicos, como enfermeras y policías, al impedir que el Estado aumente sus recursos
