Alfredo Torres, Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
El Comercio, 10 de julio de 2016
Una de las promesas más audaces del futuro ministro de Economía, Alfredo Thorne, es que logrará formalizar 50% de la PEA al 2021. La meta es ambiciosa porque en la actualidad más del 70% de la PEA es informal en el Perú. En teoría es posible, porque un país del nivel de desarrollo del Perú debería tener alrededor de 50% de su PEA con empleos formales, pero la realidad es que no lo logrará si lo enfrenta solo con instrumentos tributarios.
Desde que Hernando de Soto popularizó el concepto en los años ochenta, muchas propuestas han ido demostrando sus limitaciones para enfrentar la informalidad. La creencia de que era un problema de titulación y acceso al crédito fue la primera. Bajo el influjo de De Soto, la titulación avanzó, y enhorabuena, pero el mercado solucionó el problema de otra manera: se produjo el ‘boom’ del microcrédito y los emprendedores pueden acceder hoy a préstamos sin garantías hipotecarias. Sin embargo, la informalidad siguió subiendo.
Luego vino la creencia de que la clave estaba en el exceso de trámites y regulaciones. No cabe duda de que en este campo hay mucho por desbrozar. Sin embargo, un estudio de Grade demostró que, cuando se ofrece a los informales hacerles los trámites para inscribirlos y pagar por ellos, la mayoría prefiere no hacerlo. La simplificación es necesaria pero no suficiente.
Por último, está la creencia de que el problema es de carga tributaria y que si se reduce el Impuesto a la Renta o el IGV los informales tenderán a formalizarse. Nuevamente, es una buena idea, pero altamente insuficiente porque solo tendría impacto en las pequeñas empresas en crecimiento, pero no en las microempresas, que son la gran mayoría.
El mito subyacente detrás de estas recetas era que el informal es un emprendedor creativo atrapado por un sistema legal y económico que no lo deja desarrollarse. Un estudio reciente de “Semana económica” e Ipsos revela que esta imagen es solo aplicable a una pequeña minoría de informales en el país. La gran mayoría está conformada por personas que no han conseguido empleo en el mundo formal y que han encontrado en la informalidad un mecanismo de sobrevivencia.
De acuerdo con el estudio, que comprendió encuestas a más de mil informales, la mayoría trabaja 10 o más horas diarias durante 6 o 7 días por semana y se pueden distinguir tres segmentos: los microempresarios, los independientes que trabajan por cuenta propia y los dependientes de los microempresarios. El ingreso promedio de los microempresarios es de dos salarios mínimos, el de los independientes que se autoemplean de alrededor de un salario mínimo y el de los dependientes de los microempresarios de menos de un salario mínimo, aunque a veces reciben alimentación y pasajes.
En números absolutos, de los 16 millones de trabajadores peruanos, 11 están en la informalidad. Según el INEI, la mayoría de ellos trabaja en más de 7 millones de unidades productivas, es decir, la gran mayoría se autoemplea o cuenta a lo sumo con uno o dos colaboradores, generalmente familiares. La encuesta de Ipsos, efectuada en el ámbito urbano, encontró que hay más mujeres que hombres entre los informales y que la mayoría se dedica al comercio. También existe mucha informalidad en el mundo agropecuario.
El problema de la informalidad es su baja productividad. No más de 100 mil microempresarios tienen hoy una rentabilidad que les permitiría asumir los costos tributarios y laborales de pasar a la formalidad. Si cada una de esas empresas da empleo a tres personas, la informalidad se reduciría en 3%. Para incrementar esta tasa, los microempresarios requieren facilidades y plazos para formalizarse, pero también mucha capacitación técnica y comercial. La informalidad es un fenómeno multidimensional que no se va a resolver solo con un programa tributario.
En realidad, la salida a la informalidad no está tanto en ofrecer facilidades tributarias a las mypes como en crear las condiciones para la generación de empleo en las medianas y grandes empresas. Por ejemplo, no cabe duda de que las condiciones de trabajo en un supermercado son mucho más favorables que la precariedad que representa la venta ambulatoria. No se trata, entonces, de intentar formalizar al comerciante ambulante sino en promover que se desarrolle el ‘retail’ moderno para que este genere más puestos de trabajo formales.
Si realmente se quiere reducir la informalidad, el nuevo gobierno y el próximo Congreso deberían abocarse a trabajar en los cambios legislativos que facilitarían que las medianas y grandes empresas, que ya brindan más de 3 millones de puestos de trabajo, puedan duplicar su generación de empleo en la próxima década. Los partidos que estarán en la oposición en el próximo lustro deberían sumarse a este esfuerzo, si aspiran a gobernar un país más moderno y justo en el futuro.
Lampadia
