Jaime de Althaus, Periodista y antropologo
El Comercio, 09 de junio de 2017
La responsabilidad de producir una reforma política de verdad está poniendo a prueba la consistencia interna de Fuerza Popular (FP) no solo como bancada, sino como partido. De hecho, ya ha generado una ruptura aparatosa entre la coordinadora del grupo encargado de elaborar el proyecto de ley electoral y el presidente de la Comisión de Constitución, ambos pertenecientes a la bancada de FP.
En efecto, la reacción airada o díscola (según como se mire) de Patricia Donayre obedece en parte al hecho de que no ha habido una discusión interna en Fuerza Popular acerca de qué quiere hacer con la reforma política, cuáles serían sus objetivos y qué cambios se requerirían para alcanzarlos. Y no la ha habido porque ese partido no ha desarrollado todavía la capacidad de estudiar y debatir internamente temas importantes. Está tomado por las demandas de control de una bancada numerosa, que sin duda requiere de un manejo centralizado y firme, pero que se ejerce con métodos percibidos y resentidos por miembros de la bancada como muy verticales, y que pueden producir reacciones como las que vemos en congresistas que quizá tampoco están acostumbrados a un diálogo abierto y creativo.
Si queremos una reforma política de verdad, no queda entonces más remedio que esperar la reforma política interna de Fuerza Popular. No hay otra. Esa agrupación tiene que desarrollar la capacidad de elaborar internamente sus planteamientos. Eso supone conformar un grupo de estudio que formule una propuesta. Es lo que haría un partido serio. Para ello, debe convocar a especialistas, por supuesto.
De lo contrario, sin un norte claro, la reforma perecerá en medio de los intereses políticos inmediatos de los partidos y congresistas, que es lo que podría estar pasando. En efecto, una reforma de verdad supone tomar decisiones que alteren el statu quo de los políticos actuales y el juego mismo de los partidos en el territorio. Decisiones tales como elecciones internas primarias organizadas por los entes electorales, eliminar el voto preferencial, reducir el tamaño de los distritos electorales, eliminar los movimientos regionales u obligarlos a conectarse a partidos, entre otras, requieren claridad de ideas y pensar en el interés de largo plazo de los propios partidos y del país, lo que reclama nuevamente definir bien los objetivos que buscamos con este cambio institucional.
La reforma política es la oportunidad que tiene el fujimorismo de identificarse con la construcción de una democracia eficiente y funcional, redimiendo así su pasado autoritario. No puede desperdiciarla, menos aun cuando se trata de una oportunidad completa, doble, porque, como vemos, producir una inteligente y coherente reforma política e institucional para el país requiere, como condición previa, una reforma política interna en esa agrupación, que la vuelva capaz de desarrollar una propuesta bien pensada. Ojalá sus dirigentes puedan hacerlo.
