El Comercio, 21 de Abril de 2017
El proyecto de ley para la reconstrucción enviado al Congreso va más allá de establecer procedimientos ágiles y transparentes para reconstruir lo destruido. Logra responder en cierta medida a la idea de convertir el desastre en la oportunidad para dar un salto civilizacional en materia de manejo de cuencas y ríos, reubicación de las personas que ocupan zonas de riesgo, y políticas de desarrollo urbano ordenadoras y formalizadoras. Pero se requerirá de un esfuerzo paralelo del Congreso para legislar las reformas que permitan consolidar esos propósitos.
El proyecto de ley crea una autoridad dentro de la PCM que formulará el plan a partir de los proyectos enviados por los sectores y los gobiernos subnacionales, y solo se hará lo que esté en ese plan. Los proyectos serán ejecutados por el nivel de gobierno que pueda hacerlos o directamente por la autoridad. El encargado de declarar las zonas de riesgo intangibles y erradicar a sus ocupantes es ahora el gobierno regional, ya no el local, que más bien favorecía las ocupaciones irregulares. En su defecto lo hará el Ministerio de Vivienda con el auxilio del Cenepred.
No queda claro quién queda a cargo del plan de acondicionamiento de cuencas, ríos y defensas ribereñas, pero se aplicará el criterio subsidiario: si no lo puede hacer el gobierno regional, lo hará el nacional. Respecto de los planes urbanos, el proyecto de ley simplemente establece que el Ministerio de Vivienda “planifica la estrategia que define el enfoque de desarrollo urbano sostenible…”. Aquí la formulación es muy embrionaria y falta profundizar en qué funciones y atribuciones debería tener el Ministerio de Vivienda para asegurar planes urbanos eficaces en el país.
Como fuere, el proyecto de ley está redistribuyendo por razones de eficiencia algunas funciones entre niveles de gobierno y está diseñando algunos mecanismos operativos para ejecutar mejor. Se convierte, entonces, en un laboratorio de ensayo de nuevas fórmulas que después se podrían institucionalizar con las adaptaciones necesarias en una reforma de la descentralización que el Congreso debería empezar ya a discutir.
Si queremos ciudades formales y planificadas y no manejadas por mafias de terrenos, es indispensable, asimismo, que las autoridades subnacionales pertenezcan a partidos políticos nacionales institucionalizados y no a movimientos aventureros o mafiosos. El Congreso tiene la palabra también en eso, pero, ojo, el anteproyecto de reforma política que está elaborando no da aún la talla, no apunta a la reconstitución de un sistema de partidos.
Congreso, Poder Judicial y Ejecutivo deben juntarse, a su vez, para profundizar las reformas judicial y policial si queremos acabar con las mafias del caos. Es buena la idea de la Cámara de Comercio de Lima de institucionalizar el Consejo de Estado.
La respuesta necesaria para prevenir futuros desastres está sirviendo para ordenar el esfuerzo de los distintos actores en una dirección convergente y constructiva. Las demostraciones de PPK y Fujimori de ayer son un buen augurio en ese sentido.
