Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 28 de octubre de 2016
Es novedoso e importante el ejercicio de rendición de cuentas hecho por el gobierno. Ha presentado, incluso antes del plazo, un “resumen de los avances y logros en los 100 primeros días”, organizado en cuatro ejes que permiten priorizar el esfuerzo: Oportunidades e Inversión Social, Seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, Formalización y reactivación de la economía y Acercar el Estado al ciudadano. No solo eso. El ejercicio termina con una reflexión, aunque muy general, acerca de “lo que nos falta completar y los problemas encontrados” (debió haber una para cada eje), tratando de dar el mensaje de que hay un sentido de rumbo, que el gobierno sabe dónde va.
No tenemos espacio acá para reseñar todos los logros alcanzados. Baste decir que hay varios vinculados a mejoras en la eficiencia de los servicios públicos (ampliaciones de horario, de capacidad de atención, trámites online, etc.), hay sectores como Interior, Producción, cárceles, medidas anticorrupción y la Sunat, entre otros, donde se reportan avances claros y tangibles, y se informa del destrabe de cinco megaproyectos, aunque todavía faltan los más grandes (importante porque de esto depende la reactivación de la inversión privada, que todavía no se da).
Pero se extrañan algunos temas. En Agua y Saneamiento se anuncia el destrabe de 170 obras, pero nada acerca de la necesidad de reformar profundamente las empresas municipales de agua, sin lo cual la inversión es plata que se pierde como el agua por las cañerías rotas. En programas sociales no se ha avanzado nada en relación a Sierra Productiva, que fue un compromiso del presidente. Parece que una vez más se perderá esa gran oportunidad para que la sierra rural salga de la pobreza. En Justicia se informa de algunas mejoras, pero nada acerca de compromisos y avances del “Acuerdo por la justicia”, instrumento escogido por el gobierno para impulsar la reforma judicial, que es absolutamente prioritaria. Ningún avance reportado en esto.
En formalización no se ve mucho todavía. Se anota el relanzamiento del Consejo Nacional del Trabajo, escenario escogido para el diálogo social “sobre las estrategias a desarrollar para enfrentar la informalidad”, pero se mantiene el tono menor, sin la ambición explícita de buscar un nuevo pacto laboral que permita la inclusión de las mayorías, aunque sabemos que se lanzará una comisión de alto nivel profesional para formular una política integral de “protección social” que incluirá pensiones, seguro de desempleo, seguridad social y formalización laboral. Sería bueno que con eso se pueda ir al Tribunal Constitucional para persuadirlo de cambiar su rígida interpretación acerca de la estabilidad laboral absoluta, que desanima las contrataciones con derechos.
El propio documento reconoce que hace falta avanzar más rápido en simplificación administrativa y desregulación. Se necesita un shock en eso, una tala radical, tanto para formalizar como para reanimar la inversión. Los decretos legislativos deberían llenar algunos de estos vacíos.
