Por: Ian Vásquez, Instituto Cato
El Comercio, 19 de junio de 2018
Los colombianos han elegido a Iván Duque de presidente con un amplio margen de más de 12 puntos porcentuales sobre su rival, Gustavo Petro. La prensa internacional ha tildado a Duque de populista de derecha porque critica el acuerdo de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y porque propone algunas medidas que reducirían el peso del Estado sobre la economía.
La verdad es que Duque es un candidato de centroderecha cuyas propuestas son bastante moderadas y sensatas. En estas elecciones, los colombianos evitaron elegir a un candidato de izquierda que se identificaba con los populistas de la región y que la mayoría temía que iba a gobernar como tal, en alianza con los ex guerrilleros de las FARC convertidos ahora en políticos.
El voto por Duque no solo fue un rechazo a Petro, sino también un referendo más sobre el acuerdo de paz que el pueblo colombiano rechazó en un plebiscito en el 2016, pero que el presidente Juan Manuel Santos de todas maneras implementó, violando así su promesa de respetar la voluntad de los colombianos. En ese sentido, la elección también fue un rechazo al muy impopular Santos.
Duque tiene razón al criticar el acuerdo de paz. Desde el punto de vista de la organización promotora de derechos humanos Human Rights Watch, el acuerdo garantiza la impunidad y representa un retroceso inaceptable respecto a procesos de paz en las últimas décadas. A diferencia de la práctica internacional, bajo el acuerdo de paz con las FARC, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra no serán juzgados de manera imparcial ni serán castigados con privación de libertad. Peor aún, dichos criminales tienen el derecho de participar en la política mientras cumplen el servicio comunitario y otras “condenas” por sus crímenes.
Esa “fachada de justicia”, para usar las palabras de Human Rights Watch, es lo que rechazó el pueblo colombiano, no un proceso de paz justo. De hecho, el acuerdo actual garantiza 10 escaños en el Congreso a las FARC, financia su partido y financia la difusión de sus ideas a través de los medios.
¿Qué propone Duque al respecto? Entre otras cosas, que los líderes ex guerrilleros responsables de violaciones atroces sean castigados con prisión y que no puedan participar en la política antes de cumplir esa pena. Propone también reorganizar las instituciones del agro para que sean menos burocráticas a la hora de atender a los campesinos afectados por décadas de conflicto rural. Quiere además desligar delitos políticos de delitos de narcotráfico que son amnistiables, para así evitar que en el futuro se utilice el dinero de la droga para financiar movimientos guerrilleros.
Respecto a la economía, Duque propone integrar a Colombia más a la economía internacional, recortar el gasto público y reducir los impuestos. Esto representa un cambio respecto al consenso socialdemócrata que ha imperado desde la implementación de la Constitución de 1991. Quiere bajar las tasas corporativas del 33% al 27% y recortar el gasto en un 10%.
Esas propuestas van en la buena dirección, pero no hay que exagerar su alcance. La tasa corporativa promedio de América Latina es alta (27%); o sea que, luego de las reformas, Colombia aún seguiría siendo mediocre. La tasa promedio de Europa es de 18%, por ejemplo. De igual manera, el gasto público es alto y su nivel de libertad económica es bajo (ocupa el puesto 112 en el índice de libertad económica del Fraser Institute).
En otras palabras, Colombia tiene mucho por hacer y no queda claro si Duque, quien se ha opuesto a nuevos tratados de libre comercio, está a la altura. De no aprovechar este mandato para hacer grandes cambios en los próximos cuatro años, Colombia bien podrá ver el regreso de la amenaza populista de izquierda en el 2022.
