Jaime de Althaus, Periodista y Antropologo
El Comercio, 4 de agosto de 2017
Como sabemos, el presidente no anunció el indulto a Fujimori en su mensaje del 28 de julio. Quizá la movilización de los Vargas Llosa hace dos o tres semanas contribuyó a disuadirlo. Algunos de los argumentos que usaron, sin embargo, no son ciertos. Álvaro Vargas Llosa arguyó, por ejemplo, que “gran parte del país no quiere un indulto a Fujimori”. Pero según Ipsos un 60% está a favor de un indulto humanitario. Y cuando inquiere si deberían indultarlo, darle arresto domiciliario o mantenerlo en prisión, un 73% está a favor de las dos primeras opciones, es decir, quisiera verlo fuera de la cárcel.
Si fuera entonces la opinión de la gente el criterio definitorio, el indulto debería proceder. Pero obviamente no lo es. Como tampoco lo sería una razón política. De la encuesta se desprende, además, que la gente estaría de acuerdo con un indulto humanitario aunque no tanto con uno político. Pero la propia encuesta trae una tercera razón para un posible indulto: si fue justo o no condenarlo a 25 años. Un 49% piensa que esa pena fue excesiva o que es inocente. Un 45% opina que fue justa.
Este no es un asunto menor. Mario Vargas Llosa escribió hace tres domingos que Fujimori “no ha manifestado jamás arrepentimiento alguno por los asesinatos, secuestros y torturas que ordenó…”. Y, efectivamente, fue condenando a 25 años por haber ordenado los asesinatos de La Cantuta y Barrios Altos. El problema es que no hay prueba directa alguna, ni siquiera un testimonio de un tercero que revele que Fujimori ordenó o aprobó la orden. La sentencia, criticada por César Azabache y otros destacados penalistas, fue el resultado de un silogismo: si Fujimori era presidente, tenía el dominio de la organización y por lo tanto tenía que haber sido él quien ordenara las muertes. Fue una condena teórica.
Ante ese razonamiento, no cabían pruebas en contrario. En “Muerte en el Pentagonito”, la investigación más profunda y descarnada sobre la guerra contra Sendero, Ricardo Uceda descubre que la decisión de asesinar a los estudiantes de La Cantuta la tomó de manera autónoma Martin Rivas. No recibió órdenes de ningún superior. Pero la corte no quiso escuchar. La sentencia se confeccionó a priori.
Por supuesto, Fujimori sí es culpable de haber encubierto esos crímenes y de no haber investigado ni castigado, pero la pena por esos delitos habría sido menor. Más aun cuando la victoria sobre Sendero no la consiguió masacrando a campesinos como se hacía reactivamente en los 80, sino, por el contrario, aliándose con las comunidades campesinas (dándoles asistencia y armas) y fortaleciendo la inteligencia policial en las ciudades. Esa fue la estrategia que derrotó a Sendero, no la del grupo Colina. Entonces cabe preguntarse si los 25 años son justos.
Fujimori sí es culpable de haber cercenado la democracia y montado un aparato de control político para sojuzgar a la prensa y las instituciones a fin de perpetuarse, creando, de paso, la cobertura para una corrupción perversa. De eso debería arrepentirse, pero lamentablemente no es por eso que se lo ha juzgado.
