Por Eduardo Morón
(El Comercio – Portafolio, 18 de septiembre de 2015)
Esta semana se hizo público el informe de la comisión asesora que la presidenta Bachelet formó para iniciar una nueva reforma del sistema previsional en Chile. El informe lejos de elegir por un único camino, plantea dos opciones que requieren mayor análisis y discusión de viabilidad política. Lo que separa ambas opciones es el peso del sistema de AFP donde prima el esfuerzo personal de ahorro para la vejez (propuesta A) versus el peso que se le da a elementos de seguridad social desde el Estado (propuesta B).
Un tema dominante en el informe es que se pretende evaluar el sistema previsional con los parámetros de la seguridad social. Entendamos que el sistema de AFP está en las antípodas de un sistema de seguridad social pues la pensión se basa en el esfuerzo individual y no en la solidaridad social. Si se quiere más elementos de seguridad social hay que pensar en ampliar el pilar solidario construido desde la reforma del 2008. Esto tiene el riesgo de la plata regalada en los incentivos sobre el mercado laboral. Si me regalas una parte de mi pensión, entonces para qué me esfuerzo en aportar. La propuesta A por ello habla de ampliar las contribuciones del Estado solo cuando existan contribuciones del individuo. Lo que no me gusta de esta propuesta es que pide solidaridad a las personas encareciendo el trabajo formal porque pide que se aumente la tasa de aporte en 4 puntos porcentuales, de 10% a 14% de tu remuneración. Esto en el Perú es políticamente imposible y generaría mayor informalidad.
El otro elemento que no entiendo para qué se propone es la AFP estatal. Si lo que se quiere es que las AFP sean más baratas, debería sugerirse que las subastas de afiliados sean más agresivas, incluyendo afiliados existentes y no solo los nuevos. Crear una AFP estatal para forzar competencia sería una gran desilusión y mostrará la ineficacia del Estado una vez más o será para liquidar en el futuro el sistema de AFP administrado privadamente tal como se insinúa en el informe.
La propuesta B básicamente es un paso para eliminar las AFP o minimizar su rol en el futuro. Curiosamente el consenso de la comisión es que no quiere regresar a un sistema de reparto, sin embargo, la propuesta B es un sistema de seguridad social que garantiza una pensión mínima y sobre la cual uno puede conseguir un poco más si sus ingresos le permiten aportar a una AFP.
Ambas propuestas dicen poco respecto a la verdadera razón detrás de las bajas pensiones aquí y en Chile: la escasa frecuencia de cotizaciones por la manera como funciona el mercado de trabajo. En nuestros países conviven dos tipos de afiliados. Los de altos ingresos que cotizan con frecuencia y cuya pensión será adecuada, con otro gran grupo de afiliados de bajos ingresos y que aportan con poca frecuencia y por ello su pensión será inadecuada. Esto no se arregla con tasas de aportes más altas. El problema de estas personas es que sus empleos no son formales. La mitad de los trabajadores chilenos solo logra aportar 5 de cada 12 meses. Pretender arreglar esto haciendo aun más caro el trabajo formal es ampliar el tamaño del problema en un futuro cuando los trabajadores formales serán una especie en extinción que alimenta un supuesto Estado de bienestar que si el sector formal no crece, el Estado fiscalmente quebrará.
