(El Comercio, 20 de Marzo de 2015)
El presidente Humala convoca a un diálogo en Palacio sobre reformas políticas y electorales, y él es el primero en atentar contra su espíritu. En efecto, el diálogo priorizó la reforma constitucional de la no reelección de gobernadores regionales y alcaldes, principalmente para que las autoridades no usen recursos estatales para su reelección, y lo primero que vemos es que el propio presidente se pone en campaña usando recursos del Estado faltando más de un año para las elecciones. No hay discurso suyo en las plazas del interior en el que no destaque los programas sociales que ya no el Gobierno sino el “nacionalismo” está ejecutando. Ya no es el Estado sino Nadine y él quienes distribuyen el dinero, los alimentos y las becas a los necesitados, de modo que esos programas se convierten automáticamente en clientelistas, con la finalidad de captar votos para el Partido Nacionalista en las próximas elecciones: una campaña de proselitismo electoral abierta y desembozada que usa recursos de todos los peruanos, sin que el JNE atine a llamarle la atención ni menos a sancionarlo.
El caso nos permite percibir los límites de la no reelección de autoridades subnacionales en el control de la corrupción y el clientelismo. Quizá sea más lo que se pierda que lo que se gane. Ya no podremos reelegir a buenas autoridades ni habrá continuidad en las administraciones, aunque quizá el incentivo para dilapidar el dinero en pequeñas obritas clientelistas se atenúe.
Las reformas políticas que viene aprobando el Congreso son falsas reformas o atacan problemas muy específicos. Necesitamos una propuesta orgánica que apunte a reconstruir un sistema de partidos como parte de un rediseño general que lleve a recuperar la gobernabilidad democrática y el carácter unitario del Estado, seriamente jaqueado por una feudalización anárquica que ha puesto a los gobiernos subnacionales e incluso a segmentos de la administración de justicia y la policía, en manos de las mafias de todo tipo.
Para paliar algo de esto el Congreso aprobó la reforma de la revocatoria, la del antivoto golondrino y la mencionada reforma constitucional de la no reelección. El objetivo de las tres es reducir los incentivos para que los gobiernos subnacionales se conviertan en botines presupuestales a los que sea fácil asaltar. La reforma de la revocatoria quizá sea la que mas ayude en este propósito, porque esa institución había degenerado en un método para despojar al alcalde de su puesto y apoderarse del poder municipal.
Pero ahora falta ir al núcleo del problema: el sistema de partidos. Para eso la Comisión de Constitución avanzó en aprobar la elevación de la valla electoral para las alianzas y el financiamiento público de los partidos, que el Pleno todavía no ha visto. No pudo aprobar, sin embargo, la eliminación del destructivo voto preferencial, que es algo que debe hacerse, reemplazándolo por los distritos uninominales, que, entre otras cosas, son la mejor manera de detectar a los delincuentes que quieran postular al Congreso, porque con este sistema hay pocos candidatos por distrito y se los puede conocer mucho mejor. Estamos esperando.
