Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 04 de diciembre de 2015
Moisés Naím explicó el miércoles en CADE que el superciclo de los commodities engendró en algunos países de Latinoamérica un superciclo populista. El fin del primero ha traído consigo el fin del segundo, con ajustes que serán dolorosos. Pero en un país como el Perú, que no cayó en la tentación populista sino que aprovechó el superciclo para reducir sustancialmente la pobreza y generar una nueva clase media, el reto del fin de la bonanza consiste en cómo evitar que parte de la clase media emergente retorne a la condición de pobreza. Y, sobre todo, cómo resolver los problemas que hoy la enardecen.
Esta es una clase media exasperada por los problemas del transporte, de la inseguridad, de los malos servicios públicos. Y harta de la corrupción. El problema es que, además, no cree en los partidos políticos ni en las instituciones democráticas. Desconfía de la policía, del Poder Judicial, del Congreso, etc.
¿Qué hacer? Pues emprender de una vez las reformas de segunda generación que permitan tener un Estado más eficiente y menos corrupto, que resuelva los problemas de ese nuevo segmento social. Hemos crecido sin instituciones. Es la hora de crear, reformar o adecentar la institucionalidad. Y eso, por supuesto, no es tan fácil como las reformas de primera generación. Supone liderazgo, conciencia, diálogo, consensos mínimos. Y ni siquiera tenemos partidos para procesar estas discusiones. Crear un sistema de partidos es precisamente una de las tareas.
Naím recomienda priorizar la reforma profunda del sistema judicial. La pregunta es cómo hacerlo sin que se vea como una injerencia en la autonomía del Poder Judicial. Naím propuso ver esa tarea como un proyecto nacional, una tarea de todos. Una política de Estado diríamos nosotros. Se dice que el Ejecutivo no podría promover ese proceso por el tema de la autonomía. Pero ya ocurre en un tema: hay en el Ministerio de Justicia una Secretaría de la Comisión Nacional de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) que desde el 2006 viene gestionando y monitoreando la implementación de ese código, que se convirtió así en una política de Estado y ha permitido que el MEF asigne todos los años presupuesto para avanzar en su aplicación. De hecho se ha implantado en todo el país con resultados variables pero positivos en balance, y solo faltan los seis distritos judiciales de Lima.
O sea que sí es posible impulsar la reforma del sistema judicial desde el Ejecutivo (inicialmente desde el Congreso, que aprobó la ley del NCPP). Se trataría de ampliar y fortalecer las funciones de esa secretaría.
Su primer proyecto debería ser promover una APP que instale el expediente digital único para cada causa en todo el sistema, desde la policía hasta el INPE, pasando por la fiscalía y el Poder Judicial. Esto, junto con los juzgados de flagrancia y la distritalización de la justicia penal, llevaría a reducir sustancialmente la impunidad y la corrupción.
En general, el gran reto del próximo gobierno será digitalizar todo el Estado, para facilitar los trámites, la inversión, la formalización, reducir la corrupción y mejorar los servicios públicos. Construir un Estado mucho más eficiente. CADE dixit.
