Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 12 de agosto de 2016
Se critica la designación de ministros “tecnocráticos” y no políticos, pero es la única manera de avanzar en la construcción de un Estado moderno y eficiente, tarea largamente inconclusa en nuestro país. Recordemos que el Estado omnipresente y empresarial colapsó a fines de los 80. Se lo tragaron la hiperinflación y la corrupción. Hasta los servicios públicos esenciales se ‘privatizaron’, a la mala: se redujo el horario de la secundaria y de los maestros para que puedan buscarse otra ‘chamba’; en los hospitales aparecieron clínicas privadas y se dio una ley para que los médicos estatales trabajen solo ¡4 horas! a fin de que puedan ayudarse en sus consultorios privados, el equivalente sanitario del 24 x 24 en la policía, que también se estableció en ese momento junto con la proliferación de la seguridad privada y los serenazgos.
Durante los 90 se empezó a reconstruir los servicios públicos, para lo cual se vendieron empresas estatales, unas de las causantes del colapso. Los salarios de los maestros, médicos y policías empezaron a subir poco a poco, se reimplantó el control del Estado en el territorio, pero se afectó la institucionalidad judicial y democrática.
En los siguientes 15 años solo hemos registrado tímidos avances en Educación, Salud y algo en Justicia. Nos ha tomado 25 años eliminar el 24 x 24 en la policía y empezar a restablecer el horario completo en la secundaria, pero retomar el horario pleno de los médicos y despatrimonializar los hospitales parece tarea imposible. Las remuneraciones en los tres sectores no recuperan aún los niveles de los años 60.
El asunto se ha complicado con la descentralización y la fragmentación política. El Estado central perdió la poca autoridad y control que había empezado a recuperar en los 90. Ejecutar reformas y políticas sectoriales es ahora difícil. Pero la promesa de fondo de PPK es precisamente mejorar sustancialmente los servicios de educación, salud, agua potable, seguridad, justicia e infraestructura, es decir, construir por fin el primer piso del Estado en el Perú, sus funciones básicas. Eso requiere mejorar la capacidad de control y monitoreo de los gobiernos y servicios descentralizados, profesionalizar la administración pública y eliminar las prácticas patrimonialistas. El voluntarismo, que es lo que vemos ahora, no bastará.
Se requiere también el segundo piso: la unidad política orgánica del país reconstruyendo el sistema de partidos y la capacidad de la democracia de representar a la gente. Esa es tarea del Congreso y Fuerza Popular ha prometido una propuesta.
Pero una cosa es el Estado-servicios y otra cosa el Estado legal. Este último está aun más atrasado. La educación pública puede llegar, mal que bien, a todos, pero las normas tributarias, sectoriales y laborales excluyen a las mayorías. La gente está fuera del Estado. Es la informalidad, la preciudadanía, que vuelve insostenible al propio Estado de servicios.
Lampadia
