Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de febrero de 2018
El fiscal coordinador Rafael Vela ha revelado en “Gestión” que Jorge Barata no será interrogado los días 26 y 27 de febrero ni sobre Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ni sobre Alan García, sino solo sobre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Esto, evidentemente, es inadmisible. No solo por el principio elemental de que la justicia tiene que ser igual para todos, sino porque la situación política ya no da para más y se necesita de esa declaración para definir de una vez por todas si el presidente permanece o es vacado.
Mientras eso no ocurra, tenemos un presidente dedicado no a gobernar sino a desgobernar con medidas y reacciones populistas con el único objetivo de sobrevivir. Eso lo convierte en un peligro público. Ha ofrecido un aumento del salario mínimo en momentos en que la producción industrial, el empleo formal y el de los jóvenes vienen cayendo hace meses y años, con lo que tal aumento ahora solo servirá para despedir o informalizar a decenas de miles de trabajadores de las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, esto se está discutiendo en la farsa corporativista del Consejo Nacional de Trabajo, donde no están representados el 75% de los trabajadores del Perú sino solo los de las grandes empresas, pero tampoco vemos a nadie de ninguna de las facciones del fujimorismo exigir la presencia en ese organismo del mayoritario sector de las micro y pequeñas empresas cuya voz creíamos que ellos tenían.
Y en lugar de hacer pedagogía para explicar por qué no se deben cerrar los peajes, el presidente ha ordenado al ministro Giuffra que cancele el peaje de Ticlio con el argumento gracejo y absurdo de que está “en la punta del cerro”. Así, será cada vez más difícil construir y mantener carreteras porque sin concesiones y sin peajes las carreteras no se mantienen y se destruyen al cabo de pocos años, y es increíble que a los transportistas no les importe circular en carreteras destruidas.
Mientras se mantenga el peligro de la vacancia, seguirá regalando el país al festín del corto plazo. Las declaraciones de Barata, en cambio, podrían ser definitorias, en uno u otro sentido. Por eso, debe ser interrogado. La explicación que me dan en el Ministerio Público es que eso no es posible porque un fiscal no puede llevar las preguntas de otro, y que Hamilton Castro no tenía necesidad de participar porque él ya lo tiene a Barata como colaborador eficaz, y entonces puede pedir directamente una ampliación de su declaración. ¿Qué espera entonces para hacerlo? ¿Por qué no lo ha hecho?
La democracia es un sistema de pesos y contrapesos para controlar los excesos del poder político, pero carece de contrapesos –fuera de la ley y el programa fiscal– para controlar las demandas rentistas o predatorias de los grupos de interés (transportistas, cegetepistas, gremios, etc.). Entonces, ante una debilidad extrema del sistema político –donde los contrapesos anulan a los pesos–, los políticos conceden sin límite, y el país se arruina. En esa deriva estamos.
