En los últimos años se han ejecutado proyectos importantes en el Perú como la Planta de Taboada y la Interoceánica. Ahora se está construyendo el Tren Eléctrico, y se espera desarrollar el primer tren subterráneo del país.
Sin embargo, igual de evidente que una carretera que atraviesa el país, son las situaciones paradójicas que nos llevan a decir más de una vez “esto solo pasa en el Perú”. Solo pasa en el Perú que a pesar de las brechas en el acceso a servicios básicos, un tercio de los recursos programados para inversión pública no se utilicen. O que se construya un hospital con equipos de última generación (Nuevo Hospital del Niño), pero por no asignar los recursos suficientes para su operación, su puesta en funcionamiento demore dos años.
Para lograr que los servicios públicos mejoren notablemente es necesario un cambio de enfoque en el Estado. Este no debe ser únicamente un proveedor directo, sino también un comprador y regulador de servicios. Se trata de combinar la inversión pública con esquemas que incorporen los recursos (humanos y financieros) del sector privado para asegurar el máximo valor del servicio al ciudadano por cada sol invertido. El Gobierno ya está avanzando en esa dirección con la promoción de las APP, pero es necesario aumentar su uso.
Dentro de las APP, las Iniciativas Privadas Cofinanciadas (IPC) resultan muy útiles para cubrir el déficit de infraestructura: i) el cofinanciamiento permite que el inversionista privado participe en proyectos de baja rentabilidad privada y alta rentabilidad social, ii) es el inversionista privado quien identifica una necesidad de infraestructura y presenta el proyecto al Estado, y iii) no tienen un tope de inversión.
A pesar de estas ventajas, tal como están reglamentadas resultan poco atractivas para el sector privado. Esto ocurre porque el reglamento es restrictivo (solo permite la modalidad de contratación vía concesiones), y porque el reembolso por los gastos incurridos en la elaboración de estudios de preinversión genera mucha incertidumbre (está sujeto a una excesiva discrecionalidad por parte del Estado).
Dada la situación, en Apoyo Consultoría proponemos dos medidas para mejorar el reglamento de las IPC: i) permitir las seis modalidades de contratación con el sector privado ya incluidas en la ley (contrato de gerencia, outsourcing, otros), y no solo concesiones. Esto facilitará que se elaboren contratos de forma más acorde a la naturaleza de cada obra y servicio público que se quiere brindar, y ii) reconocer el reembolso de los gastos de estudios de preinversión a la empresa privada al declarar la viabilidad, independientemente de si la entidad pública los utiliza para su ejecución. Se reducirá la incertidumbre y se fomentará la competencia (no solo participarán empresas grandes que pueden asumir este riesgo).
Para promover el uso de APP en general, proponemos dos medidas adicionales: iii) cambios en la normativa para otorgar la debida protección a los funcionarios públicos, y así reducir la inacción de estos generada por el temor a recibir sanciones severas; e iv) implementar un esquema de incentivos para que las autoridades interioricen los beneficios que genera la utilización de APP.
Esperamos que estas medidas le permitan al Estado invertir mejor y acelerar la reducción del déficit de infraestructura, de forma que podamos decir “esto solo pasa en el Perú” con una connotación asociada a servicios públicos de calidad. El estudio completo con el detalle de estas propuestas está disponible en www.apoyoconsultoria.com.
Publicado en Gestión, 7 de octubre de 2013
