Uno llega a la conclusión de que el presidente Humala no sabe para qué hace las cosas. El cese de los ministros más cuestionados creaba el escenario ideal para distender el clima político y darle viabilidad y alguna realidad a la segunda reunión del diálogo, que sin duda podría ser útil para el país si fuera capaz de abordar una agenda de decisiones necesarias.
Pero no pasaron 24 horas para que el presidente se precipitara a llenar el vacío de invectivas dejado por el depuesto Urresti y se lanzara a atacar a los “políticos tradicionales” y a esa “sarta de ociosos que se dedicaron toda su vida a hablar desde la política y que han hecho fortunas en la política”. Podemos imaginar a quién o a quiénes se refería. Los acusa de urdir las denuncias contra u esposa. Pero no solo a ellos.
También a “algunos medios de comunicación con fines subalternos”, e incluso a ex militantes nacionalistas “resentidos”. Es decir, a todos menos al fiscal Rojas, que es quien ha abierto la investigación. Es posible que haya un aprovechamiento mediático del tema Nadine, pero el presidente cree o quiere creer que hay una conjura contra ella, para politizar el caso, que es una manera de presionar al fiscal. Adelanta entonces el cronograma electoral para mezclar la defensa de su esposa con la acusación a los “otros candidatos” de querer eliminar los programas sociales (¡!).
Pero no hace sino recrear las mismas condiciones de enfrentamiento que llevaron al sacrificio todavía fresco de cuatro ministros de su gabinete, a cambio de la permanencia de Ana Jara en la Presidencia del Consejo de Ministros. En estas condiciones, el liderazgo de la primera ministra aparece nuevamente sometido a un juego confrontacional que ella no controla y que puede acabar con su propia cabeza.
Porque, aunque parezca mentira, el presidente todavía no parece haber percibido que ha perdido la mayoría parlamentaria y que esta lo puede volver a poner de rodillas apenas lo decida. Ante lo cual, ya en plena carrera electoral adelantada, el presidente reaccionaría agudizando la política populista en la modalidad “mueran Sansón y los Filisteos”, que ya se insinuó en la expulsión de Pluspetrol de Pichanaki y el ofrecimiento de subir el salario mínimo, con el riesgo de que el país termine hundiéndose en un reguero de Pichanakis.
Pero el presidente podría actuar de manera menos suicida y más selectiva: aceptando, por ejemplo, el pedido de Keiko Fujimori de reunirse con él para ver la agenda de gobernabilidad, una propuesta de concertación que ella lanza sabiendo que será rechazada como si fuera una oferta del demonio. ¿Y si Humala la acepta?
Lo otro es sencillamente bajar el tono y procurar sinceramente el diálogo. Este puede ser útil si sirve para tomar algunas decisiones claves para la gobernabilidad y el crecimiento: la ley que permita detener preventivamente a los organizadores de revueltas delictivas tipo Pichanaki, la que impida que los jueces repongan a policías despedidos, normas que aceleren la recuperación económica, el Tupa único y otras que permitan acelerar las reformas educativa y la del servicio civil… Pero así como vamos, imposible.
