Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 08 de Mayo de 2015)
Al momento de escribir esta columna no se conocía si el Gobierno había decidido decretar el estado de emergencia en Arequipa ante la violencia creciente y la negativa a un diálogo que permita revisar el proyecto.
El dilema planteado es entre decretar el estado de emergencia para pacificar la zona y lanzar un proceso de discusión-explicación exhaustivas junto con una revisión de EIA por una autoridad externa, pero con el riesgo de que haya movilizaciones que desafíen el estado de excepción e incluso se extienda la ola violenta a otros proyectos en el sur, amenazándolos; o suspender Tía María por un tiempo a fin de ir creando las condiciones para su discusión y revisión, lo que podría ser una salida práctica en este momento pero supondría renunciar al imperio de la ley y aceptar el triunfo de la violencia organizada y la consolidación de ese mecanismo para jaquear la inversión en el país.
Lo que no podría hacerse es decretar el estado de emergencia para imponer sencillamente el proyecto. Eso sería hacer lo mismo que han hecho los dirigentes anti-Tía María, que han impuesto en la práctica un verdadero estado de sitio y de guerra bloqueando carreteras, cerrando negocios y colegios, castigando a los favorables al proyecto, y agudizando los enfrentamientos hasta lograr que la policía se sobrepase para poner a la población contra el Estado y el proyecto. Cosa que lograron, ganando la batalla de las mentes y los corazones. Por el momento.
Para que el proyecto sea viable, la mayoría de agricultores tiene que convencerse de que no les va a perjudicar. Pero para eso se requiere condiciones para el diálogo y estas no se pueden dar si lo que tenemos es una organización para la guerra.
Por eso, pero sobre todo por principio, si queremos consolidar un Estado de derecho que nos permita conversar sin pedradas en la cabeza, lo que no puede dejar de hacerse, con o sin estado de emergencia, es capturar y procesar a quienes han violado la ley: a los llamados ‘espartanos’ y a los propios alcaldes y dirigentes que ya tenían una pena de prisión suspendida y han alentado o dirigido una serie de actos delictivos como los bloqueos, ataques a los bomberos, a la bocatoma del canal de riego, a las casas de los disidentes y a los propios policías, que han tenido muchos más heridos que los civiles.
Esto es lo fundamental. Por supuesto, la pregunta es si el sistema de justicia en Arequipa será capaz de procesarlos y ordenar su detención definitiva. Es decir, si la ley se puede o no aplicar. Tiene que ser posible, porque de lo contrario se consagraría la impunidad y quedaría legitimada la violencia organizada para frenar el desarrollo. Si el país no es capaz de cortar de raíz esa estrategia, no solo nos condenamos a no poder aprovechar nuestros recursos para salir de la pobreza, sino que renunciamos a construir un Estado de derecho en lugar del imperio de la fuerza y de la mafia que hoy nos rige y nos impide entendernos.
