Por: José Luis Bonifaz
El Comercio, 11 de enero de 2019
El nuevo gobernador regional de Arequipa anunció que no firmará la adenda número 13 al contrato del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, la que iba a facilitar la reanudación de las obras en el proyecto paralizado desde diciembre del 2017.
La adenda fue presentada por el concesionario en junio del 2018. Si esta es aprobada, demandaría el desembolso de US$110 millones adicionales por parte del Estado, lo que aumentaría la inversión a US$660 millones. Entre los cambios planteados por el concesionario se encuentran la implementación de un sistema de riego tecnificado y el techado del canal por el que discurrirá el agua desde la represa de Angostura hasta las tierras por irrigar.
El proceso de promoción de la inversión privada en este proyecto contempla cuatro componentes: i) la concesión de la infraestructura hidráulica mayor e irrigación de las pampas de Siguas (en actual ejecución); ii) la optimización del uso del agua en la irrigación Majes y la subasta de 7.000 hectáreas de tierras nuevas; iii) el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico con dos centrales; y iv) la subasta de 38.500 hectáreas en las pampas de Siguas.
Un estudio de Pro Inversión indica que de realizarse la obra se podría esperar una inversión promedio anual de casi US$390 millones por concepto de cultivos, infraestructura y plantas industriales durante los cuatro primeros años. Asimismo, se crearían 106.000 empleos directos y 80.000 empleos indirectos y el valor bruto de la producción anual sería de US$1.155 millones. La maximización del valor económico y social de las 38.500 hectáreas y 520 millones de metros cúbicos anuales de agua para uso agrícola provendría de la capacidad de producir bienes de alto valor agregado y así acceder a los mercados internacionales.
Por supuesto que esto debería ser acompañado de obras públicas de infraestructura energética necesaria a fin de satisfacer los requerimientos para el desarrollo de las plantas agroindustriales y de infraestructura vial pensando en mejorar el acceso a los mercados y reducir los costos de transporte. Asimismo, se requiere que el aeropuerto de Arequipa y los puertos de Matarani y Mollendo se integren a la cadena de generación de valor de la agroindustria. En otras palabras, mirar el proyecto con una aproximación logística.
¿Está Arequipa en capacidad de desechar este eje de desarrollo local? ¿No sería adecuado sentarse a negociar una salida satisfactoria para todos? El proyecto tiene más de 30 años en espera y su rentabilidad social se basa en la producción de grandes empresas agroindustriales que generarían un excedente importante para los arequipeños. El riesgo es que las tierras se terminen parcelando por un tema político y se pierdan las economías de escala de un proyecto eminentemente exportador de productos agroindustriales.
