El fiscal Pérez ha sido muy diligente en obtener delaciones y chats ominosos, y muy hábil para construir un caso, superando largamente el estándar de un fiscal común, pero ha sido también un maestro del efectismo y un instrumento de la posverdad social. Presionando con la cárcel a varios actores, ha logrado demostrar cómo la cúpula de Fuerza 2011 se organizó “criminalmente” para cometer algo… que no era delito. Porque esconder donaciones empresariales era incorrecto pero no era delito en ese momento. Y tampoco hay lavado de activos porque aún no se ha podido demostrar que los fondos de la caja 2, usados para sobornar, tuvieran un origen ilícito, y sobre todo porque definitivamente era imposible que Fuerza 2011 pudiera saber el 2010 que esos fondos venían de la mencionada caja 2.
Por supuesto que es una vergüenza y es políticamente condenable haber recibido un millón de dólares de una empresa extranjera. Y que las formas de Fuerza Popular han sido un horror, y han contribuido al tremendo éxito de este operativo de construcción mediática y judicial del mito de Keiko Fujimori criminal. Una obra maestra de la destrucción política y moral de un partido.
Se diría que un régimen dictatorial no lo hubiera podido hacer mejor. Pero la democracia plebiscitaria de nuestros tiempos funciona así. La justicia, alentada por una opinión pública creciente movida desde varios centros, logró canalizar la justa indignación popular contra la corrupción hacia un chivo expiatorio que ya venía satanizado y que en los dos últimos años había sido, sin duda, una fuerza negativa para el país en el Congreso. Sin reconocer que perdió las elecciones por su propia culpa, y sin proponer nada, Keiko Fujimori regaló herramientas a sus enemigos para que cavaran su tumba.
Pero ahora los ganadores tienen la cancha libre para construir una institucionalidad que nos salve de la deriva populista. Veremos si tienen una capacidad constructiva similar a su capacidad de demolición política, o si, en esta guerra, se han mimetizado con la esterilidad de Fuerza Popular.
Porque la situación es engañosa. La justicia plebiscitaria que vemos no respeta derechos individuales pero tiene el efecto de saciar la sed de justicia de la población y hacer creer que el sistema funciona. En ese sentido, puede ser útil para prevenir al antisistema el 2021, y ayuda a empinar la aprobación presidencial. Pero puede cobrar nuevas víctimas entre los que hoy celebran.
Por eso, se trata de pasar del populismo político y judicial a una democracia representativa y liberal que funcione y a un Estado de derecho que garantice las libertades. Ese sector –antifujimorista o paniagüista o “republicano”– ya fracasó en hacerlo luego del 2000. Tiene ahora una segunda oportunidad. El problema es que ha basado su triunfo en las armas que ahora deberá controlar. Su primera tarea es salvarnos de la unicameralidad sin reelección, que será un desastre, persuadiendo al presidente Vizcarra de apoyar la bicameralidad. Segundo, dar las leyes necesarias para reconstruir un sistema de pocos partidos y buenos canales de representación. Tercero, sacar adelante la gran reforma del sistema judicial. Y cuarto, las leyes que reduzcan la informalidad. ¿Podrá?
Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 02 de noviembre de 2018
