Si se les aplica a Pedro Pablo Kuczynski y a Martín Vizcarra y a Lourdes Flores el mismo artefacto penal perverso que se usó para mandar a Keiko Fujimori y colaboradores a la cárcel, ellos también habrían dirigido una organización criminal dedicada al lavado de activos y otros delitos y deberían ir a prisión.
Más aun en el caso de los dos primeros, que han presidido o presiden un gobierno que ha contratado los servicios de la empresa donante, parte del ‘club de la construcción’. El boomerang está volviendo a quien se benefició con su lanzamiento.
Es la consecuencia de lo que señalamos desde el primer día: la criminalización de la política, usada por falsos “republicanos” para eliminar al grupo estigmatizado y opositor, tarde o temprano alcanzaría a todos porque la práctica de recibir aportes empresariales y disfrazarlos ha sido general e inmemorial.
Es la gran hipocresía, que arrastra a los propios acusados que reaccionan todos de la misma manera: negando las donaciones o negando conocerlas, cuando lo íntegro es aceptar los hechos y argumentar que no son delito, que no lo son.
Por supuesto que es una vergüenza haber recibido un millón de dólares o, peor aun, tres millones de dólares de una empresa brasileña para una campaña electoral, y peor aun es la mentira que acompaña la negación, pero eso es algo que se paga políticamente, no penalmente.
Sería absurdo que ahora el reflujo de la historia desestabilice la presidencia de Martín Vizcarra, pues vemos cómo pequeñas venganzas internas se trepan de manera entusiasta al boomerang. Por eso es más necesario que nunca reiterar que los aportes de campaña no eran delito y que si venían de una empresa no había manera de presumir que el origen de esos fondos era delictivo, si lo era.
Sería bueno que la Corte Suprema organice un pleno jurisdiccional para zanjar de una vez este tema, que ha terminado por desacreditar peligrosamente la democracia, con consecuencias impredecibles.Caso muy distinto es el de los sobornos pagados para ganar obras. De eso nos vamos a enterar con más detalle luego del acuerdo con Odebrecht y otros que se celebren.
Los que los hayan recibido sí deben ir con sus huesos a la cárcel. Mientras tanto, es hora de dar marcha atrás, también, en reacciones extremas como la de haber prohibido el financiamiento de campañas por empresas formales, dejando el campo libre para el festín financiero de las empresas criminales.
La Comisión Tuesta debería llamar a la sensatez en ese tema, así como dar marcha atrás en otra reacción irracional: la prohibición de la reelección de los alcaldes, algo que, además, atenta contra un derecho ciudadano.
Pero ahora que el boomerang amenaza con esfumar el aura anticorrupción del presidente, que su popularidad puede caer y que los mitos persecutorios se empiezan a desvanecer, es hora de que la cruzada anticorrupción se vuelque hacia enemigos reales, que ataque la corrupción realmente existente que sufren sobre todo los sectores populares: la regional, municipal, la de los hospitales y postas, las comisarías, los jueces, las mafias de todo orden.
Que reconstruya su liderazgo desde los zapatos del hombre común y corriente.
Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 15 de febrero de 2019
