Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 17 de Julio de 2015)
Los escenarios de la corrupción son casi tantos como entidades públicas hay y las batallas tienen que darse una a una, indesmayablemente. Veamos el caso de las empresas públicas de agua potable y saneamiento (EPS).
Allí el repetido lema de los sindicatos de esas empresas es que “el agua no se privatiza”. Pues bien, ese lema funciona como tapadera perfecta de la corrupción y para distraer del hecho de que, en la práctica, muchas de esas empresas ya han sido privatizadas por sus sindicatos en su provecho y a costa del servicio.
Se han apoderado de ellas en su beneficio y por eso se resisten a toda modernización y más aun a contratar operadores privados para invertir y mejorar el servicio.
El ministro de Vivienda, Milton von Hesse, ha informado que en Trujillo hay asentamientos humanos, en los que no hay micromedidores, donde trabajadores de Sedalib llegan a arreglos con representantes de los pobladores para cobrarles por lo bajo, sin que ese dinero ingrese a la empresa. Por eso la resistencia a instalar esos dispositivos, y quizá por eso el gerente ha impedido hasta ahora que se instale el nuevo directorio, que quiere modernizar la gestión, y ha apelado a medidas cautelares para quedarse en el puesto, donde permanece atrincherado. Sedalib ha sido privatizada desde adentro. Es un feudo. Su propietario, el Estado, ya no tiene soberanía allí. Es tierra liberada. Y lo mismo ocurre en varias otras EPS del país.
Por eso del 100% de agua que esas empresas producen (sin contar Sedapal), facturan solo el 50% y cobran el 25% (Ministerio de Vivienda). Parte del agua producida se pierde en los huecos de tuberías obsoletas que no han sido mantenidas, y parte en los bolsillos de algunos parásitos. Por eso, el grueso de lo que el Ministerio de Vivienda les transfiere a las EPS se va no en ampliar las redes sino en recuperar las existentes, y el promedio de horas al día que reciben agua los usuarios es bajísimo. Y por eso de las 200 plantas de tratamiento de aguas residuales, ¡solo tres funcionan!, según Fernando Momiy (Sunass). Un escándalo. Robo generalizado.
No se puede seguir permitiendo que el abastecimiento de un elemento vital como el agua potable quede en manos de pequeñas o grandes mafias atrincheradas, o, en el mejor de los casos, de administraciones ineficientes que no son capaces ni de mantener las redes ni menos aun de invertir en su ampliación.
Por eso Gonzalo Prialé (AFIN) puede decir “no a la privatización”, efectivamente. Pues eso es lo que ha ocurrido. En cambio, contratar un operador en cualquier modalidad –contrato de gerencia o APP– no es privatizar. Es firmar un contrato con una empresa seria por medio del cual el Estado recupera soberanía y capacidad de exigir resultados preestablecidos so pena de cancelar el contrato.
Es la manera de garantizar que la plata de los contribuyentes o de los usuarios se transforme en agua que llegue a la gente las 24 horas del día y no se pierda en agujeros físicos y morales.
