Jaime de Althaus, Periodista y Antropologo
El Comercio, 6 de octubre de 2017
Es una buena noticia que el Congreso haya aprobado el miércoles una agenda legislativa concordada entre las bancadas y el Ejecutivo, como manda el artículo 29 de la ley del Congreso, que nunca había sido aplicado. En medio del escenario más enfrentado entre Ejecutivo y Legislativo de los últimos 17 años, de pronto crece la flor de una agenda concertada entre los dos poderes. Casi un milagro, como el que sería clasificar a Rusia. Felicitaciones a Luis Galarreta.
Ahora, también es cierto que la agenda es muy amplia e incluye todos los temas importantes –menos uno– del país. En una legislatura no se va a poder abordar todo. Para que el encomiable esfuerzo no termine siendo un saludo a la bandera, hay que priorizar y precisar el contenido de las leyes y reformas más importantes. Haría falta una vuelta de tuerca más, un pequeño esfuerzo adicional.
Por supuesto, el único tema que falta –fuera de la reforma del sistema de pensiones– es la reforma laboral. Se proponen “leyes de promoción del empleo digno y productivo y acceso al empleo sin discriminación (fortalecimiento de Sunafil, contratación formal de jóvenes, eliminación de la discriminación remunerativa)”. Pero eso no parece apuntar a resolver el problema de la inclusión de las grandes mayorías excluidas en una formalidad con derechos.
Como escribía Franco Giuffra ayer: “Es una lástima que para la revolución laboral que necesitamos no exista hoy un solo político que se sienta capaz de impulsarla”. Mercedes Aráoz debería plantear el problema y la necesidad de resolverlo el próximo jueves en su discurso para obtener el voto de investidura. Los políticos han sido elegidos para enfrentar los problemas, no para esconderlos.
En la propia CGTP tendría que haber algún valiente que se atreva a decir la verdad: que la normatividad laboral actual la ha convertido en una enana sindical casi sin representatividad. No solo porque el 74% de la población ocupada es informal, sino porque entre los formales la CGTP casi tampoco existe: los trabajadores sindicalizados son hoy apenas el 1,2% de la población ocupada, y solo el 5,8% de los trabajadores privados en planilla. Porcentajes ridículos.
Y la causa es la legislación que defiende. Tiene pocos sindicalizados porque la estabilidad laboral absoluta consagrada por el TC ha llevado a las empresas a incrementar la proporción de contratos temporales a plazo fijo a alrededor de un 70%, y dichos contratos desincentivan la afiliación sindical y restringen el acceso a la negociación colectiva. Es obvio, entonces, que lo que le convendría a la CGTP es que las empresas encuentren atractivo el contrato a plazo indeterminado, para que la mayor cantidad de trabajadores se pueda sindicalizar y la CGTP pueda así ampliar sus bases y su poder. Ella debería ser la primera en abogar por una aclaración al artículo 27 de la Constitución que establezca que la indemnización es una protección adecuada al despido. Pero, incomprensiblemente, está contenta con su diminuta realidad.
