Jaime de Althaus, Antropólogo y periodista
El Comercio, 02 de setiembre de 2016
Me sigue asombrando la racionalidad con la que está funcionando el diálogo democrático en nuestro país. A la trama impecable del voto de investidura (preguntas fuertes – respuestas claras – aprobación), sigue ahora una solicitud de facultades legislativas en la que se advierte que el Ejecutivo ha recogido propuestas de Fuerza Popular, y ello en medio de una discusión pública como no recuerdo yo se haya producido antes.
Veamos el caso de la reducción del IGV. A mi juicio, PPK tiene razón: el IGV es muy alto para una economía tan informal como la peruana. Hay que bajarlo. Lo que se cuestiona es la oportunidad de hacerlo, justo cuando los ingresos fiscales caen. Entonces, para compensar la pérdida de 1.700 millones de soles que ocasionaría un punto menos de IGV en el 2017, el Gobierno adopta dos propuestas y una crítica formuladas por Fuerza Popular: restablecer la tasa de 30% del Impuesto a la Renta (IR) a las empresas, dejar de lado la propuesta de PPK de considerar como gasto deducible del IR la inversión que se haga en el año (para reactivar), y pagar elIGV cuando el comprador cancele (IGV justo).
En realidad restablecer el 30% afecta no solo a las grandes empresas como se ha presentado, sino en mayor medida a las medianas y pequeñas, que suelen estar ahogadas precisamente porque con frecuencia no pueden recabar facturas en las compras que hacen. Por eso tenía sentido la propuesta original de PPK de un IR de 10% durante 10 años (10 x 10) para las empresas que facturen hasta 2.300 UIT (9’085.000 soles) al año. Ello hubiese sido muy promotor y formalizador. Pero ha retrocedido a un tope de 300 UIT (1’180.000 soles), quizá por el costo fiscal. Pero faltan los números.
Si el objetivo central es formalizar y reactivar al menor costo presupuestal, quizá sería mejor dejar de lado por el momento la reducción del IGV y mantener el 10 x 10 originalmente planteado o un esquema realmente gradual que comience con tributación cero los dos primeros años como proponía Fuerza Popular, pero que suba hasta las empresas que venden 2.300 UIT o más.
Esta es una discusión que deberá darse en la Comisión de Economía del Congreso, donde esperamos el más inteligente diálogo técnico para encontrar la mejor fórmula, salvo que la propuesta del Ejecutivo convenza de arranque.
El Gobierno confía en que los ingresos se incrementarán también gracias al destrabe de los grandes proyectos, la reingeniería de Pro Inversión y la simplificación regulatoria. En eso también ha acogido críticas y propuestas de Fuerza Popular: ha abandonado la idea del ministerio de las regiones y está adoptando la propuesta de las unidades de gestión (‘delivery units’).
Pero sin el destrabe del mercado laboral, nada de esto llegará lejos. La complementariedad y capacidad de escucha que ambas partes vienen demostrando sugiere que verán el tema.
